Ministerios aclaran relación entre salario mínimo y cuotas de administración en conjuntos residenciales
Los ministerios de Trabajo y Vivienda han emitido una aclaración oficial sobre las inquietudes que han surgido en torno al impacto del incremento del salario mínimo en las cuotas de administración de los conjuntos residenciales. Esta preocupación se intensificó tras el aumento del 23% en el valor del salario mínimo para el año 2026, generando especulaciones sobre posibles alzas equivalentes en los pagos mensuales de administración.
Circular Externa conjunta 028 de 2026
Para abordar esta situación, ambas carteras ministeriales publicaron la Circular Externa conjunta 028 de 2026, documento que busca orientar a las copropiedades y residentes sobre los procedimientos correctos para determinar las cuotas de administración. La publicación coincide con el mes de marzo, período tradicional en el que se realizan las asambleas generales en la mayoría de conjuntos residenciales del país.
Base legal y procedimientos establecidos
Según el artículo 38 de la Ley 675, corresponde exclusivamente a la Asamblea de Copropietarios aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del conjunto residencial. Sobre esta base presupuestal se determinan tanto las cuotas ordinarias como extraordinarias que deben cancelar los propietarios.
Los ministerios enfatizan que ni el Salario Vital Móvil ni el Índice de Precios al Consumidor (IPC) constituyen causales automáticas para incrementar las cuotas de administración. Cada ajuste debe fundamentarse en el análisis detallado del presupuesto particular de cada conjunto, considerando sus necesidades específicas y situación financiera.
Condiciones específicas para ajustes
La única excepción a esta regla ocurre cuando el reglamento interno de Propiedad Horizontal de un conjunto residencial incluye una fórmula específica que vincula directamente las cuotas de administración con indicadores económicos como el salario mínimo. Sin embargo, incluso en estos casos, dicha disposición está sujeta a posibles modificaciones por parte de la asamblea de copropietarios, quienes mantienen la facultad de revisar y ajustar los criterios establecidos.
Recomendaciones ministeriales
Las entidades gubernamentales insisten en que cualquier ajuste a las cuotas debe:
- Basarse estrictamente en el presupuesto anual aprobado
- Ser analizado técnicamente por los copropietarios
- Garantizar transparencia en el proceso de decisión
- Mantener proporcionalidad entre los incrementos y las necesidades reales del conjunto
- Procurar el beneficio y seguridad de todos los residentes
- Asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la copropiedad
Finalmente, los ministerios invitan a todas las copropiedades a realizar análisis presupuestales detallados y convocar asambleas informadas que permitan tomar decisiones equilibradas, evitando incrementos desproporcionados que puedan afectar la economía familiar de los residentes.
