SIC excede competencias al investigar precios empresariales, según análisis legal
SIC excede competencias al investigar precios empresariales

La SIC sobrepasa sus límites legales al investigar precios empresariales

La reciente solicitud de información realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los empresarios colombianos sobre los criterios para establecer precios, márgenes y descuentos ha generado una profunda preocupación en el sector productivo nacional. La entidad regulatoria argumenta que la legislación vigente le otorga facultades amplias para requerir estos datos y aplicar sanciones cuando identifique precios que considere "inequitativos".

Un exceso de competencias regulatorias

Sin embargo, análisis jurídicos especializados indican que la SIC estaría excediendo claramente sus competencias legales, actuando de manera distinta a su proceder histórico y en contra de principios fundamentales como la libre competencia y la libertad de empresa. Esta actuación regulatoria genera perjuicios tanto para el mercado como para los consumidores finales.

Según establece la normativa colombiana, las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio se limitan principalmente a:

  • Garantizar la libre competencia mediante la investigación y sanción de conductas anticompetitivas
  • Proteger al consumidor en aspectos relacionados con información, transparencia y libertad de elección

Estas atribuciones no incluyen de manera genérica la solicitud de información, investigación o sanción en materia de fijación de precios, ámbito que corresponde libremente a los empresarios en ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de empresa.

La libertad de empresa como principio constitucional

Como ha establecido reiteradamente la Corte Constitucional colombiana, la libertad de empresa comprende la realización de actividades económicas dirigidas a la producción e intercambio de bienes y servicios con fines de obtención de ganancias. Este derecho fundamental incluye:

  1. La libre iniciativa privada
  2. La libertad contractual
  3. La autonomía para organizar los factores productivos

En este contexto jurídico, la fijación de precios constituye un elemento esencial de la libertad empresarial que no puede ser cuestionado por las autoridades, excepto en casos específicos establecidos expresamente por la ley para sectores regulados o cuando se presenten prácticas anticompetitivas o abuso de posición dominante.

El equilibrio entre regulación y libertad económica

Para el ordenamiento jurídico colombiano, la libertad de empresa y la libre competencia se complementan y deben funcionar en armonía. En un mercado verdaderamente competitivo, con múltiples vendedores que establecen sus precios libremente, sin conductas anticompetitivas ni abusos de posición dominante, y donde los consumidores eligen con libertad, se configura un mercado sano que maximiza los beneficios para todos los participantes.

El consumidor, salvo en sectores específicamente regulados, no tiene derecho a un precio artificialmente fijado por intervención estatal, sino a elegir libremente a quién comprar, al precio que cada vendedor establezca de manera autónoma. Así, la interacción natural entre compradores y vendedores en el mercado determina tanto las cantidades como los precios de los bienes y servicios.

Límites constitucionales a la intervención estatal

La intervención estatal en la economía, aunque permitida por la Constitución Política de Colombia, solo puede realizarse cuando la ley la autorice expresamente. Incluso en estos casos, dicha intervención no puede vulnerar la esencia misma de la libertad de empresa, que incluye la autonomía para producir, contratar y fijar precios según las condiciones del mercado.

Por lo tanto, bajo la normativa vigente, no existe una competencia general de la SIC para solicitar información, investigar y sancionar a los empresarios por precios considerados "inequitativos". Esta actuación regulatoria, calificada por algunos analistas como reminiscente de prácticas autoritarias, representa un claro abuso de poder que busca justificar argumentos políticos sobre la inflación, atribuyéndola a conductas "abusivas" de los empresarios en lugar de reconocer factores económicos estructurales.