Cartagena: Distrito habría comprado terreno de la Nación con títulos falsos para la Bocana
Un reciente fallo judicial dentro del proceso de recuperación de tierras vinculadas a la Aeronáutica Civil en Cartagena ha destapado una compleja trama jurídica que cuestiona las bases de la propiedad pública en la ciudad. La decisión, emitida el pasado 6 de marzo, revela lo que expertos califican como una verdadera "caja de Pandora" de irregularidades registrales, decisiones contradictorias y posibles actos de corrupción.
Un predio estratégico bajo sospecha
En el centro del caso aparece un elemento inesperado: el propio Distrito de Cartagena podría figurar como víctima de un entramado fraudulento. El expediente, que analiza la validez de títulos sobre terrenos asociados al aeropuerto, incluye un hallazgo de alto impacto: 408 folios de matrícula inmobiliaria habrían sido declarados fraudulentos, lo que pone en entredicho múltiples propiedades.
Entre los inmuebles afectados se encuentra un lote de aproximadamente 30.000 metros cuadrados donde se ubica la Bocana Estabilizadora de Mareas, una obra ejecutada en 1999 y considerada clave para la regulación hidráulica y la protección ambiental de Cartagena.
La investigación revela que el Distrito adquirió este predio en 1998, durante la administración del entonces alcalde Nicolás Curi, mediante una negociación con la sociedad privada Ivón Restrepo y Cía. S. en C. El pago se realizó a través de un mecanismo de canje por impuestos, por un valor de 2.452 millones de pesos de la época, cifra que hoy podría equivaler a cerca de 10.000 millones.
Decisiones contradictorias en el mismo año
Uno de los elementos más llamativos del caso es la aparente contradicción en las decisiones adoptadas por la administración distrital en 1998. Ese mismo año en que se concretó la compra del predio, la Alcaldía habría ordenado la restitución de esos terrenos a favor de la Nación, al considerar que hacían parte de bienes asociados al aeropuerto bajo control de la Aeronáutica Civil.
Este doble movimiento de reconocer el carácter público del terreno y, simultáneamente, adquirirlo a un particular plantea interrogantes sobre la legalidad y coherencia de las actuaciones administrativas de la época. La situación se agrava al considerar que, años después, las autoridades volvieron a intervenir sobre estos predios ante nuevas ocupaciones.
En 2003, mediante una resolución administrativa, se ordenó nuevamente el desalojo de los terrenos, esta vez bajo la administración del entonces alcalde Carlos Díaz Redondo. Sin embargo, la medida no se ejecutó de manera efectiva. Ante el incumplimiento, un juzgado de Cartagena otorgó un plazo perentorio de 48 horas para hacer cumplir la orden.
Implicaciones jurídicas y patrimoniales
A la luz de las pruebas recaudadas, el panorama es delicado. Los títulos que respaldan la propiedad del Distrito sobre el terreno donde se ubica la Bocana estarían viciados de nulidad, lo que abre un complejo escenario jurídico. De confirmarse esta situación, el caso podría derivar en:
- Reclamaciones patrimoniales
- Procesos de nulidad
- Eventuales responsabilidades penales
Además, se plantea un riesgo mayor: el impacto sobre la estabilidad de obras públicas construidas sobre terrenos cuya propiedad está en discusión. El caso continúa en investigación y promete revelar nuevas aristas en las próximas semanas.
La participación de expertos como el abogado especialista en tierras Eduardo de Río ha sido clave para abrir nuevas líneas de análisis que no habían sido plenamente exploradas dentro del proceso. Para De Río, este caso pone en evidencia fallas estructurales en los procesos de verificación de títulos y en los controles institucionales, que habrían permitido la circulación de documentos presuntamente falsos en operaciones de alto valor.
El experto advierte que, de confirmarse estos hechos, se estaría frente a un precedente grave en materia de seguridad jurídica, especialmente tratándose de bienes públicos. Más allá de las responsabilidades individuales, el caso de la Bocana pone sobre la mesa un debate de fondo: la fragilidad de los sistemas de control sobre la propiedad pública y los riesgos que esto implica para el patrimonio del Estado.
