MinVivienda propone cambio histórico en venta de viviendas sociales
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, bajo el liderazgo de la ministra Helga María Rivas, ha dado un paso significativo al publicar un borrador de decreto que transformaría la comercialización de viviendas de interés social y prioritario en Colombia.
Transición de salarios mínimos a pesos colombianos
La iniciativa busca que tanto la Vivienda de Interés Social (VIS) como la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) dejen de cotizarse en salarios mínimos para pasar a comercializarse exclusivamente en pesos colombianos. Este cambio fundamental busca mayor transparencia y claridad en los procesos de compraventa para los colombianos.
Los topes máximos establecidos en el borrador son:
- Vivienda VIS: 135 salarios mínimos
- Vivienda VIP: 90 salarios mínimos
- Vivienda de interés social rural en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 280 salarios mínimos
Requisitos de información para vendedores
El documento detalla que los vendedores deberán informar de manera expresa, clara y verificable el precio total en pesos colombianos desde el momento en que el comprador manifieste su interés en adquirir la vivienda. Esta información deberá presentarse mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente.
El ministerio enfatizó que el precio fijado constituirá el único precio exigible durante toda la ejecución del contrato hasta su finalización, y no podrá exceder el equivalente del tope máximo establecido para cada tipo de vivienda al momento de la adjudicación o adquisición.
Mecanismos de control y vigilancia
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio asumiría las labores de inspección, vigilancia y control. Esta entidad sería responsable de verificar que tanto constructores como comercializadores cumplan con los nuevos requisitos establecidos en el decreto.
Este borrador representa un avance significativo en la política de vivienda del país, buscando proteger a los compradores de vivienda social y prioritaria mediante mecanismos más transparentes y estandarizados en la fijación de precios.
