El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, expresó su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera parcial el impuesto al patrimonio contemplado en la última emergencia económica. Aunque la medida excluye a entidades sin ánimo de lucro, como universidades, sigue obligando al resto de empresas con patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos.
Críticas a la decisión de la Corte
Para Cabal, la suspensión parcial no corrige los problemas estructurales de un tributo que considera "altamente inconstitucional y perjudicial para el tejido empresarial del país". Afirmó que se instrumentaliza el estado de emergencia para resolver un problema estructural de financiación estatal. En un contexto de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos, no resulta lógico ni justo trasladar la carga a los empresarios para compensar deficiencias fiscales de una administración percibida como descuidada, derrochadora y con señalamientos de corrupción.
Falta de conexidad con la crisis
El dirigente gremial señaló que el impuesto carece de conexidad material directa con la crisis declarada, ya que el decreto no establece un cálculo claro de los recursos necesarios para atender la emergencia, lo que impide identificar el destino de los fondos recaudados. Además, calificó el tributo como "confiscatorio", pues grava una manifestación estática de riqueza sin considerar los resultados y la liquidez real de las empresas contribuyentes.
Impacto en la sostenibilidad empresarial
Cabal explicó que la aplicación de tarifas entre el 0,50% y el 1,6% sobre una base patrimonial no líquida puede generar cargas significativas para empresas cuyo capital está invertido en activos productivos. Por ello, hizo un llamado al próximo gobierno para que evite la imposición de tributos confiscatorios y garantice un entorno que permita a las empresas operar con un mínimo vital que asegure su sostenibilidad.
Finalmente, advirtió que en un entorno caracterizado por altos costos laborales, elevada carga tributaria, inflación y tasas de interés altas, este impuesto incrementa el riesgo de descapitalización empresarial, comprometiendo la sostenibilidad de las compañías y afectando la actividad económica en general.
