La informalidad laboral se ha consolidado como uno de los mayores frenos para el crecimiento económico de América Latina y el Caribe. Así lo advirtió el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en un reporte que reveló que el 55 por ciento de los trabajadores se encuentran en esta situación laboral. Según el organismo, este fenómeno limita la productividad, amplía las brechas de ingresos y perpetúa ciclos de desigualdad y baja inversión.
Informe revela impacto de la informalidad
El informe ‘Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe’ destaca que la región se caracteriza por un desarrollo inconcluso. Aunque ha logrado avances en democracia, estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza y expansión de la protección social, aún persisten brechas frente a las economías más avanzadas. Una de las más importantes es la baja productividad, considerada por el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, el enemigo silencioso.
En ese panorama, el informe identifica a la informalidad laboral como uno de los factores que más limitan el desarrollo regional. A nivel empresarial, indica, esta problemática termina frenando la inversión, ya que muchas compañías optan por mantenerse pequeñas para evitar controles, impuestos y regulaciones. Esto también permite que empresas poco productivas continúen operando, mientras el capital y la mano de obra quedan estancados.
Efectos en el capital humano
El documento también advierte que esta situación afecta la formación de capital humano, ya que los empleos informales ofrecen pocas oportunidades de aprendizaje y capacitación. “Al reducir el retorno de la educación, la informalidad laboral también disminuye el incentivo para que los jóvenes inviertan en sus habilidades”, señala el reporte, que, además, subraya que este fenómeno termina aislando a las empresas de las cadenas globales de valor, los mercados de crédito y el apoyo público.
En el caso de Colombia, las cifras recopiladas por CAF reflejan la profundidad del desafío institucional: el 82 por ciento de las empresas no se encontraban registradas ante la Cámara de Comercio en 2022. A esto se suman los más recientes resultados de la ‘Gran encuesta integrada de hogares’ (Geih), del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la cual revela que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55,3 por ciento para el trimestre diciembre de 2025 a febrero de 2026, una reducción de 1,5 puntos porcentuales frente a la del mismo periodo del año anterior, cuando fue de 56,8 por ciento.
Aunque el indicador mostró una leve mejora, los niveles son preocupantes, pues de los 24 millones de ocupados, cerca de 13,2 millones trabajan en la informalidad, mientras que 10,7 millones cuentan con empleo formal.
Relación entre informalidad y tamaño empresarial
Las cifras también evidencian una fuerte relación entre informalidad y tamaño de las empresas. Según la entidad estadística, el 84 por ciento de los trabajadores ocupados en microempresas eran informales. En las pequeñas empresas la proporción fue de 21,4 por ciento, mientras que en las medianas y grandes cayó a 5,4 y 2,3 por ciento, respectivamente.
Calidad del empleo y desigualdad
Además, la informalidad se consolida como un factor determinante de la desigualdad en la región. De acuerdo con el informe, los empleos informales son de baja calidad por dos razones principales. En primer lugar, los salarios son significativamente más bajos, lo que responde a la concentración de trabajadores en empresas menos productivas y con menor dinamismo. Esta brecha salarial persiste incluso al considerar características como el nivel educativo o la ocupación.
En segundo lugar, los trabajadores informales tienen un acceso limitado a los sistemas contributivos de salud y pensiones, lo que reduce su protección social y aumenta su vulnerabilidad económica. El documento también destaca que este fenómeno afecta con mayor fuerza a los grupos más vulnerables: los trabajadores de menores ingresos y, especialmente, aquellos con baja escolaridad están sobrerrepresentados en este sector.
En la región, la informalidad supera el 70 por ciento entre quienes no terminaron la educación secundaria superior, mientras que se reduce a cerca del 25 por ciento entre quienes cuentan con educación terciaria. En ese sentido, el informe indica que reducir esta condición no solo es una estrategia para mejorar la productividad, sino también una medida clave para avanzar en equidad e inclusión social.
Hoja de ruta para la formalización
El informe plantea que reducir este fenómeno requiere una agenda integral que combine incentivos económicos, fortalecimiento de la fiscalización y el desarrollo de habilidades laborales, en un contexto marcado por la digitalización y la transformación del mercado de trabajo.
El documento advierte que las empresas que operan por fuera de la formalidad no responden a una sola lógica. Existen aquellas que podrían integrarse al sistema, pero enfrentan altos costos de entrada y operación; otras que sobreviven con niveles muy bajos de productividad, y un tercer grupo que decide permanecer al margen de manera estratégica. En ese sentido, las políticas públicas deben ser diferenciadas según el tipo de empresa y su realidad económica.
Uno de los frentes prioritarios es la reducción de los costos asociados a la formalización, incluyendo la simplificación de trámites, la disminución de cargas administrativas y la revisión de regulaciones que pueden desincentivar la creación y el crecimiento empresarial. En países como Colombia, este reto es evidente, donde una parte importante del tejido empresarial aún opera por fuera del registro formal, lo que limita su acceso a crédito, programas públicos y mercados más amplios.
El informe plantea que la protección social debe diseñarse con cuidado. Aunque es clave para reducir la pobreza, puede generar efectos no deseados si reduce el incentivo a la formalización, especialmente en trabajadores de bajos ingresos.
Control y digitalización
Otro eje central es el fortalecimiento del control y la fiscalización. CAF señala que una supervisión más efectiva puede mejorar la productividad al promover la salida de empresas menos eficientes y una mejor asignación de recursos, aunque advierte que estas medidas deben aplicarse con equilibrio para evitar impactos negativos en el empleo en el corto plazo.
En este punto, la digitalización aparece como una herramienta clave. El uso de bases de datos integradas y herramientas tecnológicas por parte de las autoridades permite mejorar la detección de evasión y reducir espacios de incumplimiento en economías con alta informalidad.
Formación laboral
Finalmente, el informe destaca el papel de las políticas activas de empleo y formación laboral. Programas de capacitación técnica, certificación de habilidades e intermediación laboral pueden facilitar el acceso a empleos formales y reducir tiempos de búsqueda. Por ejemplo, menciona que iniciativas como Jóvenes en Acción han mostrado que la formación dirigida y el acompañamiento en la inserción laboral pueden mejorar las oportunidades de los trabajadores, especialmente de los jóvenes.
En conjunto, CAF concluye que avanzar hacia mayores niveles de formalidad no depende de una sola medida, sino de un paquete coordinado de políticas que combine incentivos, regulación inteligente, fortalecimiento institucional y formación del capital humano, con el objetivo de elevar la productividad y reducir las brechas estructurales de la región.
