Decisión judicial histórica sobre el salario mínimo colombiano
El Consejo de Estado ha tomado una decisión sin precedentes al suspender el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que estableció un aumento del salario mínimo del 23% para 2026. Por primera vez en la historia jurídica colombiana, el alto tribunal ordena al Ejecutivo expedir un nuevo decreto temporal que debe ajustarse estrictamente a los parámetros técnicos establecidos por la ley.
Los fundamentos jurídicos de la suspensión
La providencia judicial, con ponencia del consejero Juan Camilo Morales de la Sección Segunda, cuestiona que el gobierno haya utilizado como criterio central el concepto de salario vital, desplazando así los parámetros técnicos que exige la Ley 278 de 1996. Según el auto de más de 60 páginas, el decreto presidencial no explicó de manera concreta y verificable cómo las variables económicas incidieron en la determinación del porcentaje específico del incremento.
"Se observa que, aunque el decreto describió los parámetros legales previstos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y aporta datos económicos asociados a cada uno de ellos, no se explicó de manera concreta, articulada y verificable cómo dichas variables incidieron, de forma individual o conjunta, en la determinación del porcentaje específico del incremento finalmente fijado", señala textualmente la providencia judicial.
El plazo y los requisitos del nuevo decreto
El gobierno tiene un plazo de ocho días una vez sea notificado formalmente para expedir el nuevo decreto temporal. Este documento debe:
- Ajustar la cifra del aumento o demostrar la sustentación técnica de la original
- Considerar todas las variables que la ley impone: productividad, inflación y crecimiento del PIB
- Presentar una justificación técnica verificable de cómo cada variable incidió en la determinación final
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ya convocó a la mesa de concertación con empresarios para discutir el decreto transitorio, aunque no se esperan mayores avances considerando el fracaso de las negociaciones de diciembre pasado.
Reacciones políticas y contexto electoral
La decisión judicial llega en un momento políticamente sensible, a apenas tres semanas de las elecciones de marzo y las votaciones para consultas interpartidistas. El presidente Petro y sus ministros han respondido con duras críticas, acusando a las cortes de estar en contra de los intereses de los sectores populares.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció abiertamente que la suspensión será respondida con convocatorias a marchas, alimentando la narrativa oficial de "bloqueo institucional". Paradójicamente, varios candidatos de oposición que antes cuestionaron el aumento por considerarlo desproporcionado y populista ahora piden mantener el 23%.
Implicaciones económicas y jurídicas
Expertos en derecho como Carlos Gechem, doctor en la materia, explican que el Consejo de Estado no se pronuncia sobre el porcentaje del aumento ni sobre sus efectos económicos, sino que exige al Ejecutivo adoptar la decisión con base en los criterios técnicos establecidos por ley.
El único antecedente similar ocurrió en 2017 cuando el Consejo de Estado tumbó el decreto de salario mínimo, aunque en la práctica no tuvo efectos porque se refería a la vigencia del 2016. Aquella decisión dejó claro que el mínimo tiene parámetros técnicos que no pueden ser desconocidos por el gobernante de turno.
La posición del gobierno y próximos pasos
El presidente Petro mantiene su defensa del aumento del 23% y del concepto de salario vital. A través de su cuenta de X, afirmó: "El decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado seguirá las órdenes de la Constitución".
La suspensión no entrará a regir sino hasta que el presidente firme el nuevo acto administrativo. Mientras tanto, el gobierno debe preparar el decreto temporal que regirá hasta que el Consejo de Estado decida de fondo sobre la legalidad del primer decreto, un proceso que podría extenderse por varios meses.
Esta decisión marca un precedente importante sobre cómo deben tomarse decisiones económicas de gran impacto que afectan a millones de colombianos, subrayando que deben basarse en criterios técnicos y no en consideraciones políticas o electorales.
