Gobierno Nacional presenta impugnación contra suspensión del salario mínimo
El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este miércoles 18 de febrero un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para impugnar la suspensión provisional del decreto que estableció el salario mínimo para el año 2026. Esta acción legal se produce en un contexto de alta tensión social, justo un día antes de las movilizaciones convocadas por el propio mandatario en defensa de la política salarial.
Contexto de la medida cautelar
La suspensión provisional había sido ordenada por la misma alta corte administrativa, generando incertidumbre sobre la vigencia del nuevo salario mínimo. El decreto gubernamental, que buscaba implementar un incremento salarial acorde con las necesidades económicas del país, quedó en estado de pausa hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El presidente Petro ha mantenido una postura firme en defensa de la necesidad de mantener y actualizar el salario mínimo, argumentando que es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos frente a la inflación y otros factores económicos.
Momento estratégico de la impugnación
La presentación del recurso ocurre en un momento particularmente sensible:
- Se realiza exactamente 24 horas antes de las movilizaciones convocadas por el presidente
- Coincide con un período de intenso debate nacional sobre políticas laborales
- Se enmarca en las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial sobre competencias regulatorias
El Gobierno busca mediante este recurso que el Consejo de Estado revise y levante la medida cautelar, permitiendo así la plena aplicación del decreto salarial mientras se desarrolla el proceso judicial completo.
Implicaciones económicas y sociales
La resolución de este caso tendrá importantes consecuencias:
- Impacto directo en los ingresos de millones de trabajadores formales
- Efectos sobre la capacidad de consumo de las familias colombianas
- Influencia en las negociaciones colectivas y convenciones laborales
- Repercusiones en la estabilidad económica del país
La decisión del Consejo de Estado marcará un precedente significativo sobre el alcance de las medidas cautelares en materia de políticas económicas y laborales implementadas por el Gobierno Nacional.
