Presidente peruano impulsa polémica cuota de empleo juvenil obligatoria
El presidente José María Balcázar, en su anterior rol como congresista, firmó como coautor un proyecto de ley que establece una cuota obligatoria de empleo juvenil tanto en empresas públicas como privadas a nivel nacional. Esta iniciativa legislativa busca enfrentar la crítica situación del desempleo entre los jóvenes peruanos, que acumula cuatro años consecutivos de retroceso.
Detalles de la propuesta legislativa
La medida, ingresada por la congresista Kelly Portalatino a mediados de enero, afectaría a todas las empresas que cuenten con treinta o más trabajadores. La cuota establece un mínimo del 15% de puestos laborales reservados para jóvenes entre dieciocho y treinta años, quienes deberán acreditar su edad mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI).
El incumplimiento de esta disposición sería sancionado según la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Según el análisis de costo-beneficio del proyecto, "no generará gastos adicionales para el presupuesto nacional ni significará cargas económicas relevantes para el sector privado".
Críticas y advertencias de expertos
Miguel Jaramillo, investigador de Grade, cuestionó severamente el enfoque de la propuesta: "Es un proyecto de ley en línea a lo que es un partido marxista leninista, que quieren imponerle a la empresa cuotas". Jaramillo advirtió que esta medida podría extenderse a otros grupos poblacionales y señaló que experiencias internacionales han demostrado su ineficacia.
El experto identificó tres problemas estructurales que la propuesta ignora:
- Regulaciones laborales onerosas para contratar jóvenes
- Falta de preparación adecuada de los jóvenes para el mundo laboral
- Escasa información para su formación profesional
Riesgos de informalidad y rigidez laboral
Daniel Robles Ibazeta, socio fundador de Robles Ibazeta Consultores, alertó sobre los peligros de transformar políticas promocionales en obligaciones rígidas: "El principal riesgo es la rigidez. Se están olvidando que no todos los sectores productivos tienen la misma dinámica".
Ambos expertos coincidieron en que la medida podría generar efectos contrarios a los buscados:
- Aumento de la informalidad laboral
- Desincentivos para el crecimiento de pequeñas empresas
- Sobrecostos laborales significativos
- Reestructuraciones organizacionales forzadas
Impacto en las empresas y productividad
Jaramillo destacó que las empresas enfrentarían severas complicaciones para cumplir la cuota: "El proyecto te pediría que botes algunos trabajadores para reemplazarlos por los de este grupo". Esta reestructuración implicaría costos adicionales y podría afectar negativamente la productividad.
Robles añadió que la medida "demanda una reestructuración organizacional, van a tener que realizarse rotaciones y eso genera más litigios". Además, señaló que empresas pequeñas podrían evitar crecer para no alcanzar el umbral de treinta trabajadores que las obligaría a cumplir la cuota.
Alternativas propuestas
Los especialistas sugirieron enfoques alternativos centrados en incentivos más que en imposiciones. Robles enfatizó: "El Estado debe promover marcos de contratación, a partir de créditos fiscales, reducción de sobrecostos, entre otros".
Jaramillo incluso cuestionó la constitucionalidad de la propuesta, señalando que establece intromisiones indebidas en el ámbito privado y podría ser objeto de demanda de inconstitucionalidad. El investigador concluyó advirtiendo sobre la inconveniencia de abordar este tipo de propuestas en períodos de transición gubernamental.
