Empresarios manifiestan inquietud por solicitudes de la SIC sobre costos y márgenes
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mantiene facultades legales para requerir información relacionada con precios, estructuras de costos y márgenes de rentabilidad a las empresas colombianas. Sin embargo, la controversia actual no se centra en esta potestad institucional, sino en la manera específica como se está ejerciendo dicha autoridad, según explicó el exsuperintendente Jairo Rubio Escobar en declaraciones recogidas por medios nacionales.
El debate sobre el "cómo" y "desde dónde" de los requerimientos
Rubio Escobar precisó que la discusión fundamental no apunta hacia un control directo de precios, figura que además no existe de manera general dentro del ordenamiento jurídico colombiano. El verdadero debate, según el experto, se encuentra en el "cómo, cuándo y desde dónde" se están solicitando estos datos sensibles a las empresas.
Las alertas comenzaron a activarse hace aproximadamente un mes, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro y posteriores anuncios oficiales de la SIC dirigidos a diversos sectores económicos del país. Lo que inició como consultas internas y análisis jurídicos dentro de los gremios empresariales, terminó transformándose en pronunciamientos públicos y en un debate abierto sobre si estos requerimientos podrían derivar, en la práctica, en una intervención indirecta sobre los precios de mercado.
Preocupación por la mezcla de competencias institucionales
El exsuperintendente explicó que la SIC opera principalmente a través de dos delegaturas con funciones claramente diferenciadas: la de Protección al Consumidor y la de Competencia. Para Rubio Escobar, mezclar estas competencias institucionales podría conducir a confusiones operativas y eventuales excesos regulatorios.
El punto crítico identificado por los expertos es que varios de los requerimientos de información sobre costos y márgenes estarían proviniendo específicamente de la delegatura de Protección al Consumidor, cuya labor fundamental se centra en vigilar publicidad engañosa y garantizar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor.
"No existe una relación directa entre solicitar márgenes de rentabilidad o estructuras de costos y verificar si existe publicidad engañosa", sostuvo Rubio Escobar, argumento que ha alimentado significativamente la preocupación dentro del sector empresarial colombiano.
Diferencias clave entre las delegaturas de la SIC
En contraste con la delegatura de Protección al Consumidor, la delegatura de Competencia sí mantiene facultades explícitas para solicitar este tipo de información sensible, pero únicamente dentro de averiguaciones preliminares por precios inequitativos y siempre que se trate específicamente de empresas con poder de mercado significativo y barreras de entrada que limiten la competencia efectiva.
El debate técnico y jurídico radica precisamente en que los actuales requerimientos generalizados de información no parecen cumplir con estos requisitos específicos establecidos para la delegatura de Competencia. Esta situación genera dudas sobre el sustento funcional y legal de las solicitudes realizadas por la SIC.
La posición del exsuperintendente sobre la controversia
Rubio Escobar insistió en que la inquietud empresarial no implica afirmar categóricamente que exista un control de precios encubierto, sino más bien cuestionar el fundamento funcional de los requerimientos actuales. El exfuncionario reiteró que el problema central no es la facultad legal de la SIC, sino su posible uso desde una delegatura que, en principio, no tendría competencia específica para este tipo de solicitudes de información financiera detallada.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre regulatoria que preocupa a diversos sectores productivos, quienes observan con atención los desarrollos posteriores de esta controversia institucional que involucra a una de las principales entidades de control económico del país.
