La situación financiera de Air-e continúa siendo una de las mayores preocupaciones tanto para el sector energético como para las finanzas públicas en Colombia. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, en la que advierte sobre el deterioro de las condiciones económicas de la compañía, especialmente tras la intervención del Gobierno.
Riesgos identificados por la Contraloría
En la misiva, el contralor señala que, tras la vigilancia fiscal, se encontraron riesgos que afectan los intereses públicos, lo que traería impactos económicos y sociales en la región Caribe. En concreto, se identificaron cuatro riesgos, entre los cuales la descapitalización progresiva es el más significativo.
Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, se registró una disminución del patrimonio de $2.218.357 millones a $131.500 millones, lo que representa una pérdida del 80% del valor patrimonial de la empresa. Esto tiene un efecto directo en su solvencia y capacidad de inversión, según el documento.
Consecuencias de la descapitalización
Además de este detrimento, la Contraloría advierte que, de no revertirse la descapitalización, se podría conducir a la inviabilidad económica de la entidad y a una dependencia permanente de inyección de recursos públicos, lo que pone en riesgo la calidad y continuidad del servicio de energía en la región Caribe.
Esta coyuntura genera problemas tanto para la empresa como para la Nación. En la carta, el contralor señala que el deterioro de la cartera de Air-e supera los $6 billones, derivado del soporte a los estratos bajos, que concentran las mayores deudas y los mayores índices de morosidad. De hecho, la deuda de este segmento representa el 73% del total.
Insolvencia y pérdida de capacidad de pago
Otro riesgo identificado es la insolvencia y la pérdida de la capacidad de pago. Según la Contraloría, en el periodo evaluado los pasivos totales se incrementaron un 53,6%. Esta estructura genera un riesgo inminente de incumplimiento de obligaciones con proveedores y agentes del mercado mayorista. La elevada exposición a deuda comercial y financiera, sin respaldo en flujos de efectivo suficientes, pone en riesgo la continuidad del servicio público esencial, citó el texto, del cual se infiere un riesgo latente de cese de operaciones.
Uso de dineros del Estado
Uno de los puntos centrales de la carta aborda el uso de dineros del Estado para mantener a flote la operación. Según el órgano de control, Air-e ha recibido $147.885 millones en contratos de mutuo financiados por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Riesgos para el mercado energético
La crisis financiera de Air-e también impacta al mercado nacional. Los incumplimientos en el plan de inversiones derivan en problemas para los usuarios, tales como interrupciones en el suministro de energía y demoras técnicas, además de riesgos para las comunidades por la falta de una infraestructura capaz de soportar la operación.
“Esta situación representa un riesgo sistémico, al generar presiones para el traslado de mayores costos a los usuarios finales mediante aumentos tarifarios, así como impactos financieros adicionales sobre las empresas generadoras, en especial las hidroeléctricas, incluyendo la posible imposición de cargas fiscales o tributarias sobre sus utilidades netas”, detalla la carta.
Al cierre de la misiva, el contralor Rodríguez instó a adoptar mecanismos inmediatos que optimicen la calidad y continuidad del servicio, indicadores principales para evaluar la gestión de la compañía y la atención a los usuarios.
