Cerro Matoso: operación inviable sin gas de Canacol; 2.000 empleos en riesgo
Cerro Matoso: operación inviable sin gas de Canacol

Cerro Matoso advirtió que la continuidad de su operación minera en el sur de Córdoba está en grave peligro debido a la decisión de una corte en Canadá que avaló la solicitud de Canacol Energy para terminar los contratos de suministro de gas natural en Colombia. La compañía señaló que sin este insumo, la producción de ferroníquel sería inviable, lo que pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos e indirectos y afectaría el bienestar de aproximadamente 50.000 personas en la región.

Dependencia crítica del gas de Canacol

Según Cerro Matoso, Canacol Energy suministraba el 82% del gas natural que la empresa requiere para operar. En las últimas semanas, la compañía denunció que Canacol ha reducido unilateralmente las entregas contempladas en el contrato e impuesto restricciones que comprometen la estabilidad de la operación. El gas natural es un insumo irreemplazable en el proceso productivo de ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento.

Consecuencias de una posible detención

La empresa explicó que, sin un suministro confiable de gas, se vería obligada a detener su operación, apagando equipos críticos como sus dos hornos. Esto provocaría daños estructurales irreversibles. La recuperación de estos activos podría tomar más de 10 meses de inactividad y requerir costos estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno.

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Recursos legales en curso

Ante la decisión de primera instancia de la corte canadiense, Cerro Matoso cuenta con un plazo de 21 días para interponer un recurso de apelación y solicitar a la Corte canadiense de segunda instancia que revoque la decisión del juez. La compañía afirmó que acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación.

Autoridad colombiana competente

Cerro Matoso destacó que, en Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser adoptada en el país. Este análisis deberá realizarse teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano, concluyó la compañía.

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