Polémica nacional por gestión de embalses enfrenta al gobierno con el sector energético
Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han provocado un aumento significativo en los niveles de los principales embalses del país, desatando una fuerte controversia entre el presidente Gustavo Petro y los gremios del sector energético colombiano.
Situación crítica en embalses clave
Según datos oficiales de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, la central hidroeléctrica Urrá 1 alcanzó niveles del 103,4% en la mañana del 9 de febrero, habiendo registrado previamente un pico máximo del 109% de su capacidad. En Santander, el embalse de Topocoro se encuentra actualmente al 94,6% de su capacidad total.
Esta situación obligó a la empresa administradora del embalse Urrá a incrementar las descargas de agua hacia el río Sinú como medida preventiva para proteger la infraestructura hidráulica, acción que generó la inmediata reacción del mandatario nacional.
Acusaciones presidenciales de "crimen ambiental"
El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas a través de sus redes sociales, calificando los vertimientos como "la continuación de un crimen ambiental" y exigiendo la renuncia inmediata del gerente de la empresa operadora.
"Todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato, y asumir sus responsabilidades penales", declaró el jefe de Estado.
En mensajes adicionales, Petro acusó a las generadoras de energía de mantener los embalses "a reventar" durante el verano y cuestionó las descargas actuales: "Hoy los embalses están botando agua gratuitamente y por miles de toneladas de agua por segundo, dejen de ser cínicos".
Respuesta técnica del sector energético
Frente a las acusaciones presidenciales, los gremios del sector energético salieron al paso con explicaciones técnicas. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), respondió detalladamente a los señalamientos.
"Los embalses destinados a la generación de energía no operan de forma arbitraria ni 'botan agua gratuitamente'", afirmó la dirigente gremial, explicando que cada embalse funciona de manera autónoma según condiciones hidrológicas, ambientales y de seguridad específicas.
Gutiérrez destacó que estas operaciones se realizan bajo reglas oficiales claras, cuyo cumplimiento es vigilado por el Estado, y se basan en planeación anticipada considerando pronósticos de lluvias, niveles seguros y demanda energética.
Funciones múltiples y consideraciones económicas
La representante de Acolgen enumeró las tres funciones principales de los embalses:
- Regular el caudal de los ríos
- Generar energía eléctrica
- Reducir riesgos de inundaciones
"Es importante aclararlo: verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos. No existe incentivo económico para hacerlo. Los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas", enfatizó Gutiérrez.
Adicionalmente, la dirigente recordó el papel protector del embalse Urrá en la región del Sinú: "En la cuenca del río Sinú, el embalse de Urrá ha controlado más del 96% de las crecientes en los últimos 25 años, reduciendo el riesgo para la región".
Posición de la autoridad ambiental
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió un comunicado revelando que, desde 2020 hasta la actualidad, su equipo técnico ha monitoreado constantemente los componentes hidrológicos e hidráulicos de Urrá I.
Según la entidad regulatoria, en este seguimiento se habría registrado "un comportamiento recurrente de sobrepasar las reglas de operación del embalse", específicamente excediendo los valores de la Curva Guía Máxima (CGM) que establece el nivel máximo seguro.
Frente a estos hallazgos, la Anla ha emitido seis conceptos técnicos dirigidos a la empresa operante URRÁ S.A. E.S.P., exponiendo inconsistencias en las reglas de operación y solicitando ajustes requeridos para garantizar la seguridad ambiental y operativa.
Esta polémica ocurre en un contexto donde la hidroelectricidad representa la principal fuente de generación energética del país, poniendo en evidencia las tensiones entre consideraciones ambientales, seguridad operativa y necesidades energéticas nacionales.
