La continuidad de una de las principales minas de níquel de Colombia, Cerro Matoso, quedó en entredicho tras una decisión judicial en Alberta, Canadá. Una corte avaló la solicitud de Canacol Energy para terminar los contratos de suministro de gas que mantiene en el país, lo que, según la minera, podría hacer inviable su operación.
Riesgo de parálisis y daños estructurales
Según Cerro Matoso, un corte prolongado del suministro obligaría a apagar sus dos hornos, causando daños estructurales cuya reparación tomaría más de diez meses. La compañía calcula que recuperar cada horno costaría entre 550.000 y 730.000 millones de pesos colombianos.
Cerro Matoso, productora de ferroníquel, depende del gas de Canacol para mantener los hornos encendidos, ya que este combustible cubre el 82 % de sus necesidades operativas. “Este recurso es un insumo irreemplazable dentro del proceso productivo de ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento”, comunicó la empresa.
Plazo de apelación y búsqueda de apoyo gubernamental
La minera tiene 21 días para apelar la decisión en segunda instancia. Por ahora, pidió la intervención de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional para evitar que el proceso afecte la continuidad de una operación que completa casi medio siglo en Colombia.
“La compañía acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación”, señaló en un comunicado. “Este análisis deberá realizarse teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano”.
Antecedentes del conflicto
En abril, Canacol solicitó ante la justicia canadiense la terminación anticipada de varios contratos de transporte y comercialización de gas, bajo un proceso de reestructuración empresarial. Actualmente, la empresa produce alrededor de 75 millones de pies cúbicos diarios de gas, equivalentes al 7,5 % de la demanda nacional, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.
Desde entonces, el Gobierno, los gremios y varias empresas han advertido que la decisión podría tener efectos que van más allá del pleito comercial. Cerro Matoso denunció que, en las últimas semanas, Canacol redujo de manera unilateral las entregas de gas previstas en el contrato e impuso restricciones que ya estaban afectando la estabilidad de la operación.
Impacto social y económico
El impacto de una eventual suspensión sería profundo. La empresa calcula que más de 2.000 empleos y 50.000 personas de 25 municipios se verían afectadas de manera directa. En 2025, la empresa destinó más de 10.600 millones de pesos a programas sociales en esas zonas. También estima que el país dejaría de recibir cerca de 3.000 millones de pesos diarios por impuestos, regalías y compras de bienes y servicios asociadas a su operación.
El efecto se extiende más allá del sector minero. En mayo, Naturgas advirtió que Canacol abastece parte de la demanda de gas de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander. Una reducción en ese suministro podría traducirse en mayores costos para industrias, generación térmica y usuarios, además de presionar al alza las tarifas del servicio.
Posición del Gobierno
En mayo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anticipó la posición del Gobierno: “La terminación anticipada de los contratos no puede ser a costilla del bolsillo de la gente. Hay que mantener esa producción y proteger las condiciones de transporte y precios ya pactados a favor de los usuarios”.
Lo que comenzó como un proceso de reestructuración en una corte canadiense se volcó a la seguridad energética, el abastecimiento de gas y el alcance que pueden tener en Colombia las decisiones adoptadas por tribunales extranjeros.
