Expertos del sector energético advirtieron que las medidas planteadas por el Gobierno para intervenir el mercado de gas natural durante escenarios de escasez podrían generar efectos sobre la liquidez del sistema, la inversión y la disponibilidad futura del combustible, pese a que buscan contener incrementos de precios y limitar operaciones especulativas.
Analistas consultados coincidieron en que la iniciativa introduce controles sobre márgenes de comercialización, reventas y gas importado que podrían aliviar temporalmente las tarifas para usuarios finales, aunque también reducir incentivos para comercializar, importar y desarrollar nueva oferta de gas en el país.
Contexto de la propuesta gubernamental
El debate surgió luego de que el Ministerio de Minas y Energía publicara un proyecto de decreto con modificaciones a las reglas de comercialización y abastecimiento de gas natural. Sobre este, las reacciones se concentraron en los efectos que tendrían los nuevos límites de precios y la mayor intervención estatal en el funcionamiento del mercado mayorista.
La propuesta establece que, en situaciones de estrechez de oferta, tendrán prioridad de abastecimiento los usuarios residenciales, pequeños comercios conectados a redes de distribución, estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte y el sector vehicular de gas natural comprimido. Con esta redefinición de la denominada Demanda Esencial, las refinerías quedarían excluidas de esa priorización.
Además, el borrador dispone que los excedentes de gas no utilizados por las refinerías deberán ponerse a disposición del mercado competitivo con el objetivo de aumentar la disponibilidad de moléculas durante periodos de escasez.
Cambios para contratos y gas importado
Uno de los cambios centrales del proyecto es la integración formal del gas importado dentro de la dinámica diaria del mercado mayorista. Julio César Vera, ingeniero en Petróleo y analista del sector energético, explicó que la iniciativa profundiza disposiciones que ya existían desde el Decreto 1073 de 2015, aunque anteriormente estaban concentradas principalmente en la producción nacional.
“Los comercializadores de gas importado deberán declarar su Potencial de Importación y sus cantidades comprometidas a un horizonte mínimo de diez años”, explicó Vera.
El proyecto obliga además a que los agentes desagreguen los componentes del precio del gas importado. Esto incluye el costo de adquisición en el mercado internacional, los costos operativos y administrativos de transporte y nacionalización, los costos de acondicionamiento y entrega dentro del sistema nacional y el margen de comercialización.
Según Vera, este punto representa una de las modificaciones más relevantes en términos de transparencia. El analista explicó que la intención del Gobierno es evitar que el precio del gas importado se presente como una cifra consolidada sin detalle sobre la estructura de costos y márgenes.
No obstante, el proyecto también mantiene la libertad para negociar mecanismos de comercialización y fechas de inicio y finalización de contratos durante todo el año, aunque incorpora la figura de la Declaración de Suministro Vinculante (DSV).
Esta herramienta implica que los contratos firmes sujetos a condiciones solo serán plenamente exigibles cuando el vendedor emita dicha declaración, la cual se asimila a una decisión final de inversión o al inicio efectivo de operaciones.
Según Vera, si la Declaración de Suministro Vinculante no se cumple en los plazos pactados, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato sin pago de indemnizaciones o penalidades.
El proyecto también extiende temporalmente el contrato del actual Gestor del Mercado mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas adelanta un nuevo proceso de selección. La medida busca evitar vacíos operativos en la administración del mercado mayorista.
Límites de precios y controles al mercado secundario
Uno de los aspectos que más discusión generó entre los analistas es la intervención directa en la formación de precios cuando el Ministerio declare una Situación de Estrechez en la Oferta.
En esos casos, el proyecto establece que el precio del gas en contratos interrumpibles no podrá superar el promedio ponderado de los contratos firmes ofrecidos por el mismo agente. Si el comercializador no cuenta con contratos firmes, el límite se calculará con base en el promedio del mercado.
El Gobierno sostiene que esta medida busca evitar distorsiones registradas recientemente en el mercado colombiano, donde contratos interrumpibles llegaron a negociarse por encima de contratos firmes pese a ofrecer menores niveles de confiabilidad.
Además, la iniciativa también faculta al Ministerio de Minas y Energía para fijar márgenes máximos de comercialización en el mercado secundario. El límite podrá aplicarse hasta la tercera transacción y, a partir de la cuarta negociación, quedará prohibido vender el gas por encima del precio original de compra.
Adicionalmente, el proyecto establece topes administrativos al margen de comercialización del gas importado firme que ingrese a través de interconexiones internacionales.
Sergio Cabrales, experto del sector energético, afirmó que estas medidas podrían contener la transmisión de incrementos de precios hacia consumidores finales y reducir incentivos para operaciones especulativas.
“La medida podría reducir la especulación, limitar la transmisión de precios más altos a los usuarios finales y proteger la competitividad de la industria y de la generación térmica”, indicó.
Por otro lado, Vera señaló que las restricciones también buscan corregir anomalías recientes observadas en el mercado colombiano, donde el gas interrumpible llegó a transarse a precios superiores a los contratos firmes.
El Gobierno argumenta que estas medidas se sustentan en su obligación constitucional de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y evitar que aumentos considerados injustificados se trasladen a los usuarios finales, pero, ¿será así?
Advertencias sobre inversión y liquidez
Aunque varios expertos reconocen que el objetivo de proteger a los consumidores puede generar alivios temporales en precios, también advirtieron sobre posibles efectos secundarios en la liquidez y en los incentivos de inversión.
Cabrales señaló que limitar márgenes de comercialización podría reducir la disposición de algunos agentes para vender gas en el mercado secundario durante momentos críticos.
“Si el margen permitido es demasiado bajo, algunos agentes podrían retener volúmenes o reducir su disposición a vender gas en el mercado secundario”, afirmó.
Según explicó, esto podría afectar la eficiencia en la reasignación del combustible precisamente en los momentos en que el sistema requiere señales claras de disponibilidad y flexibilidad contractual.
El experto añadió que el mercado secundario cumple una función relevante para redistribuir excedentes y responder a cambios imprevistos de demanda, por lo que restricciones excesivas podrían limitar esa capacidad de ajuste operativo.
“El espíritu sí es proteger al consumidor, pero las políticas de control de precios pueden terminar en un desincentivo a la inversión, en una mayor escasez, en riesgos de desabastecimiento y en inseguridad para la industria”, señaló Useche.
El académico indicó que la evidencia económica muestra que controles de precios pueden generar alivios temporales sobre las tarifas, aunque posteriormente afecten los incentivos para producir, explorar o importar gas.
Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario, explicó que, si los topes fijados por el Gobierno no alcanzan a cubrir costos de producción, transporte o importación, las empresas podrían disminuir inversiones en nuevos proyectos o reducir operaciones de comercialización.
También advirtió que limitar márgenes de comercialización podría afectar el ingreso de gas importado al mercado colombiano si las condiciones de rentabilidad dejan de ser atractivas para los agentes.
A juicio del profesor, la posibilidad de terminar contratos sujetos a la Declaración de Suministro Vinculante sin pago de penalidades también introduce incertidumbre para distribuidores y grandes consumidores.
“Los controles artificiales desincentivan a los productores a seguir generando los productos que están ahora controlados. Si se ponen esos topes a los precios del gas natural y esos precios no alcanzan a cubrir con suficiencia los costos de producción, los empresarios no tendrían incentivos económicos para producir, explorar nuevos pozos o importar gas”, afirmó.
Vera coincidió en que el Ministerio asumirá una carga técnica y regulatoria significativa al momento de definir márgenes considerados “justos” para las operaciones del mercado.
Según explicó, fijar administrativamente esos límites podría generar riesgos regulatorios si las metodologías no logran reflejar adecuadamente costos internacionales, volatilidad de precios y riesgos operativos asociados al suministro.
El analista agregó que el resultado de las medidas dependerá de la capacidad institucional para aplicar controles sin afectar la flexibilidad operativa del mercado y sin reducir incentivos para garantizar nueva oferta de gas natural en el mediano y largo plazo.
