La Liga Nacional de Usuarios, seccional Atlántico, rechazó de manera contundente la sobretasa de 8 pesos por kilovatio que el Ministerio de Minas aplicará a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial de todo el país, con el objetivo de rescatar financieramente a la empresa Air-e, actualmente intervenida por el Estado.
Rechazo y argumentos de ilegalidad
Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios, expresó su desacuerdo con la medida, señalando que el Gobierno pretende trasladar a los usuarios una responsabilidad que no ha gestionado adecuadamente. Según Alarcón, la sobretasa es ilegal porque imponer contribuciones o sobretasas es una facultad exclusiva del Congreso de la República, no del Ministerio de Minas ni de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Recordó que durante el gobierno de Iván Duque se aprobó una sobretasa similar de 4 pesos por kilovatio, la cual fue demandada y anulada por la Corte Constitucional, obligando a la devolución del dinero a los usuarios.
El viceministro de Energía, Víctor Paternina, confirmó la medida en Barranquilla, argumentando que Air-e se encuentra en un estado de "cuidados intensivos" y que se necesitan fuentes de financiamiento inmediatas para evitar un cese del servicio. Sin embargo, los críticos consideran que tramitar la sobretasa por resolución ministerial en lugar de una ley aumenta el riesgo de que sea demandada y el Estado deba devolver los recursos recaudados.
Alternativa ignorada: el Fondo Empresarial
De acuerdo con líderes gremiales, el Estado cuenta desde 2003 con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, diseñado para proveer capital a empresas intervenidas sin necesidad de gravar a los usuarios. La Liga de Usuarios sostiene que el Gobierno no ha querido utilizar esta herramienta legal y prefiere "lavarse las manos" trasladando la carga financiera a los hogares y negocios.
Impacto económico en estratos altos y pequeñas empresas
La medida no solo afecta la economía doméstica de los estratos 4, 5 y 6, sino que también golpea a miles de micro y pequeñas empresas que operan bajo tarifa comercial. El Gobierno espera recaudar cerca de 250.000 millones de pesos solo en este año. Este nuevo cobro se suma a la sobretasa del 20% que ya pagan estos sectores por la Ley 142 de 1994.
Para los representantes de los usuarios, esto implica una reducción drástica del dinero circulante en la economía regional y nacional, afectando el consumo y la estabilidad de los negocios que aún intentan recuperarse de las altas tarifas de energía del último año. Alarcón concluyó que se trata de una carga desproporcionada que golpeará a familias y empresas, e instó a las fuerzas vivas del país a oponerse.
