Un intenso debate jurídico se ha desatado tras la expedición de un decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ordena a los fondos privados de pensiones (AFP) trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones. Expertos en derecho y seguridad social advierten que la medida podría ser ilegal al contradecir lo establecido en la reciente reforma pensional, aprobada por el Congreso y respaldada por la Corte Constitucional.
Detalles del decreto y su impacto
El abogado experto en pensiones Kevin Hartmann, quien participó en la estructuración de dicha reforma, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM con Camila Zuluaga que el decreto afecta principalmente a unas 120.000 personas. Estas personas, dentro de una "ventana especial" habilitada por la ley, decidieron trasladarse entre regímenes pensionales, especialmente desde fondos privados hacia Colpensiones.
Hartmann detalló que la reforma pensional contemplaba que los recursos de quienes hicieran ese traslado permanecieran administrados por las AFP, con el objetivo de que, en el nuevo sistema, fueran destinados a un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República. Sin embargo, el decreto cambia esa lógica al ordenar el traslado inmediato de dichos recursos a Colpensiones para su manejo directo.
Argumentos de ilegalidad
Desde el punto de vista jurídico, el experto fue enfático en señalar que la medida sería ilegal. Además, calificó la decisión como incoherente, al ir en contravía de una reforma impulsada por el mismo Gobierno. "Un decreto no puede contradecir una norma vigente, y menos una respaldada por la Corte Constitucional", afirmó Hartmann.
Sobre las razones expuestas por el Ejecutivo, Hartmann sostuvo que no se sostienen técnicamente. Según explicó, argumentos como el déficit estructural del sistema, la necesidad de cubrir contingencias o los riesgos de mercado en las AFP no justifican el traslado de recursos. Incluso, sugirió que podría haber motivaciones no explícitas detrás de la decisión.
Posibles acciones legales
Por lo tanto, afirmó que lo más probable es que el decreto sea demandado ante el Consejo de Estado, solicitando medidas cautelares para suspender sus efectos. "Es un decreto que es contrario a la ley, contrario a su espíritu, es ilegal, incoherente, y por tanto es una actuación del Gobierno que parece absolutamente arbitraria en contra de una ley que paradójicamente ellos mismos quisieron aprobar", concluyó el abogado.
El debate sigue abierto mientras se espera la reacción de las AFP y de los organismos de control. La comunidad jurídica y los ciudadanos afectados estarán atentos a los próximos movimientos del Gobierno y a las posibles demandas que se presenten.
