Gobierno establece sobretasa del 2% a plantas eléctricas para emergencia invernal
En respuesta a la grave ola invernal que afecta a múltiples departamentos colombianos, el Gobierno Nacional ha decretado la aplicación de una sobretasa del 2 por ciento sobre las ventas brutas de energía generada por plantas hidroeléctricas y térmicas. Esta medida, enmarcada dentro del estado de emergencia económica recientemente declarado, busca recaudar fondos para atender a las comunidades damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones.
Impacto directo en 51 plantas generadoras
La nueva carga tributaria afectará directamente a un total de 51 plantas de generación eléctrica distribuidas en seis departamentos: Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. De estas, 35 corresponden a centrales hidroeléctricas y 16 a termoeléctricas, representando una porción significativa de la capacidad generadora del país.
En la práctica, esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales obligatorias que ya pagan estas plantas. Como resultado, la carga total para las hidroeléctricas se elevará al 8 por ciento, mientras que para las térmicas alcanzará el 6 por ciento. La vigencia de esta medida será de seis meses, período durante el cual los recursos recaudados serán administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Empresas más afectadas y preocupaciones del sector
Entre las empresas más impactadas se encuentra EPM, cuyas 16 centrales hidroeléctricas en Antioquia deberán asumir este gravamen adicional. Plantas emblemáticas como Hidroituango, Guatapé, Playas, Porce II y Porce III se verán directamente afectadas. Isagén, con 10 plantas en el mismo departamento (incluyendo Jaguas, San Carlos y San Miguel), y Celsia, con tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (San Andrés de Cuerquia, Hidromontañitas y Río Piedras), también enfrentarán consecuencias significativas.
En el sector termoeléctrico, varias plantas estatales como las de Gecelca y Termoguajira, así como la planta Tesorito de Celsia en Córdoba, deberán incorporar este nuevo costo operativo.
"Recibimos esta medida con preocupación y rechazo", manifestó Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén. "No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas de energía; es decir, se paga incluso cuando los márgenes de ganancia son bajos".
Riesgos financieros y posibles efectos en tarifas
La aplicación de este gravamen sobre ingresos brutos, en lugar de utilidades, representa un desafío significativo para la salud financiera del sector. Según análisis gremiales, esta medida podría afectar directamente el flujo de caja de las empresas, poniendo en riesgo su operación continua y estabilidad económica.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, advirtió que "están volviendo a cargar a las mismas empresas de siempre", señalando que sectores como el petrolero y minero ya enfrentan cargas tributarias elevadas que comprometen su competitividad.
Las estimaciones preliminares indican que las hidroeléctricas y térmicas pagarán aproximadamente 260.000 millones de pesos por un impuesto temporal al patrimonio (0,5% para el sector eléctrico) y unos 70.000 millones de pesos adicionales por la sobretasa del 2 por ciento. Estos 330.000 millones de pesos en mayores costos operativos eventualmente podrían trasladarse a los usuarios finales a través de ajustes en las tarifas de energía eléctrica.
Debate sobre alternativas y constitucionalidad
Representantes del sector han cuestionado la necesidad de estos nuevos impuestos, señalando que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuenta con un presupuesto de 2,6 billones de pesos sin ejecutar. Además, algunos gobernadores han planteado la posibilidad de utilizar recursos de regalías para atender la emergencia invernal.
Alejandro Castañeda consideró importante que la Corte Constitucional revise si todos los recursos que se pretenden recaudar con estos nuevos impuestos son realmente necesarios para atender los efectos de la emergencia. "La Contraloría ha documentado recursos disponibles sin utilizar, mientras que existen alternativas como el uso de regalías que podrían explorarse", comentó.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), coincidió en que esta decisión amerita un análisis técnico detallado sobre sus efectos para no comprometer la inversión, el empleo y la sostenibilidad del sector energético colombiano.
