Un total de once ciudadanos presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional, con el respaldo de Grupo Energía Bogotá (GEB), para reclamar la protección de sus derechos fundamentales ante un posible desabastecimiento de energía en Colombia.
Detalles de la acción legal
La empresa GEB informó que los accionantes, entre los que se encuentran empresarios, empleados, periodistas y amas de casa, buscan que se reconozca la vulneración masiva y sistemática de los derechos de los usuarios del sistema eléctrico. La tutela alega que la falta de garantías para el acceso a la energía supone una amenaza contra la capacidad de trabajo y el desarrollo de la vida misma.
“Reclamando el derecho fundamental de acceder a la energía como garantía de la dignidad humana y los derechos a la salud, educación y trabajo, el grupo de ciudadanos que interpuso esta acción de tutela avanza en su trámite procesal ante las altas cortes”, señaló el GEB en un comunicado.
Entidades demandadas
La tutela fue interpuesta contra el presidente de la República, Gustavo Petro; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Minas y Energía; el Ministerio de Hacienda; la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme); y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Los demandantes argumentan que una posible crisis estructural del sistema energético en Colombia vulnera derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, lo que justifica la intervención de la Corte Constitucional.
Posición de Grupo Energía Bogotá
La empresa asegura que este escenario es una oportunidad para que la Corte Constitucional garantice los derechos fundamentales y analice un problema complejo y estructural que afecta a millones de colombianos. “La acción reclama el amparo de derechos fundamentales que pueden ser vulnerados por una crisis estructural del sistema energético en Colombia”, añadió el GEB.
La compañía reiteró su compromiso con la defensa del acceso a la energía como un derecho esencial, y destacó que la tutela busca que se reconozca la vulneración masiva y sistemática de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico en el país.
