El Estado colombiano prepara una nueva inversión forzosa para enfrentar la emergencia climática
El Gobierno nacional se alista para implementar lo que sería la tercera inversión forzosa en 36 años, con el objetivo específico de financiar la atención de la crisis climática que ha afectado gravemente a varios departamentos del país. Esta medida marcaría un hito histórico, ya que sería la primera vez que el Estado utiliza este mecanismo para atender una emergencia ambiental, en lugar de destinarlo a dinamizar sectores tradicionales como el agropecuario o la vivienda.
Reunión clave entre banca y Ministerio de Hacienda
En la tarde del martes 24 de febrero de 2026, se llevó a cabo una reunión crucial entre los principales representantes del sector financiero colombiano y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Entre los asistentes se encontraban:
- Mario Pardo, presidente de BBVA Colombia
- María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval
- Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia
- Javier Suárez, presidente de Davivienda
- Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria
El encuentro tuvo como propósito central discutir la propuesta de inversión forzosa planteada recientemente por el presidente Gustavo Petro, mediante la cual se buscaría obligar a las entidades financieras a destinar un porcentaje específico de sus captaciones o pasivos hacia la financiación de programas de atención climática.
Antecedentes históricos de las inversiones forzosas en Colombia
Para comprender el alcance y las implicaciones de esta nueva propuesta, es fundamental revisar los antecedentes de este mecanismo en el país:
- Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA): Implementados desde 1990 y aún vigentes, requieren que los bancos destinen el 5,6% de sus depósitos para financiar crédito agropecuario a través de Finagro. Asobancaria ha señalado que, aunque su relevancia ha disminuido con los años, sigue representando restricciones significativas para los balances bancarios.
- Títulos de Reducción de Deuda: Establecidos entre 2000 y 2006 como respuesta a la crisis hipotecaria de 1999, obligaron a entidades financieras y aseguradoras a invertir el 0,68% anual de sus pasivos o primas durante seis años, con el objetivo de rescatar el sistema de vivienda sin utilizar recursos directos del presupuesto nacional.
Preocupaciones del sector financiero sobre los efectos económicos
El sector bancario ha expresado serias reservas sobre esta tercera inversión forzosa, advirtiendo que su implementación generaría grandes riesgos tanto para las instituciones financieras como para los ciudadanos. Entre los efectos negativos previstos se encuentran:
- Encarecimiento significativo del crédito: Asobancaria proyecta que esta medida reduciría el crecimiento económico, con una caída estimada del PIB de 0,3 puntos porcentuales.
- Frenazo en la dinamización del crédito: Hernán Alzate Arias, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores, señaló que estos mecanismos pueden desacelerar el flujo crediticio, derivando en una mayor canalización de recursos hacia los TES.
- Distorsión en el mercado de capitales: Se anticipan mayores tasas de interés que elevarían los costos del crédito público, atrayendo capitales internacionales de manera volátil y generando fluctuaciones que podrían afectar negativamente el tipo de cambio.
Actualmente, la proporción de TES dentro de los activos de los establecimientos de crédito se acerca al 22%, un nivel considerablemente más alto que en períodos anteriores cuando se mantenía aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo de esta cifra.
Un debate abierto con implicaciones nacionales
Aunque el Gobierno aún no ha definido el porcentaje exacto de recursos que deberían destinar las entidades financieras ni el vehículo específico a través del cual se canalizarían los fondos, el debate ya ha abierto diferencias significativas entre el Ejecutivo y el sector financiero. La discusión se centra en los posibles efectos sobre el acceso al crédito, los costos para los usuarios finales y la capacidad del sistema financiero para contribuir a la solución de la crisis climática sin comprometer su estabilidad y la salud económica del país.
