La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ha expresado su descontento con el impuesto al patrimonio impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo que la reciente suspensión parcial de la medida no resuelve los problemas de fondo y continúa generando riesgos para el tejido empresarial del país.
Decisión de la Corte mantiene cargas sobre las empresas
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han tomado decisiones en las últimas semanas que han puesto en el centro del debate varias iniciativas del Ejecutivo. En particular, se confirmó la suspensión parcial del impuesto al patrimonio, establecido en el Decreto Legislativo 240 de 2026. Sin embargo, Fenalco considera que esta medida no corrige los problemas estructurales y mantiene la incertidumbre para las empresas.
El alto tribunal introdujo exclusiones puntuales, dejando por fuera temporalmente a personas jurídicas sin ánimo de lucro y a empresas en liquidación. No obstante, la obligación se mantiene para compañías con altos niveles de capital. Según el gremio, esto evidencia que las correcciones fueron parciales y no resuelven los cuestionamientos de fondo.
Jaime Alberto Cabal advierte sobre inconstitucionalidad
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que “la decisión de la Corte, aunque introduce algunas exclusiones relevantes, no corrige los graves problemas estructurales de un impuesto que consideramos altamente inconstitucional y perjudicial para el tejido empresarial del país”. La postura refleja una preocupación creciente frente a la estabilidad normativa y fiscal que enfrentan las empresas.
Críticas por el uso de la emergencia y vacíos fiscales
Desde el gremio se insiste en que la medida “instrumentaliza el estado de emergencia para resolver un problema estructural de financiación estatal”, lo que abre un debate sobre los límites de este tipo de herramientas. Además, se cuestiona que no exista una relación clara entre el impuesto y la crisis que motivó su creación.
Fenalco subraya que “el impuesto carece de conexidad material directa con la crisis declarada”, debido a que no se establece un cálculo preciso de los recursos requeridos ni su destinación específica. Este punto es clave dentro de los argumentos jurídicos que han llevado a que distintas decisiones judiciales frenen o modifiquen iniciativas del Ejecutivo en las últimas semanas.
A esto se suma el señalamiento de que la medida no supera el juicio de necesidad, ya que no demuestra que no existan mecanismos ordinarios para atender la situación fiscal. Por tanto, el hecho de que el Congreso no aprobara una ley de financiamiento es interpretado como una decisión democrática que no puede ser reemplazada por decretos de emergencia.
Riesgos para inversión, empleo y sostenibilidad empresarial
Más allá del debate jurídico, el gremio pone el foco en los efectos económicos. Según Cabal, “el impuesto al patrimonio es confiscatorio”, al gravar una riqueza estática sin considerar la liquidez real de las empresas. Esto implica que compañías con activos productivos podrían verse obligadas a vender parte de ellos para cumplir con la obligación tributaria.
El impacto se amplifica en un contexto marcado por altos costos laborales, elevada carga tributaria, inflación y tasas de interés en crecimiento. Bajo estas condiciones, Fenalco advierte que el impuesto incrementa el riesgo de descapitalización empresarial, comprometiendo la sostenibilidad de las compañías y afectando la actividad económica en general.
Además, se alerta sobre efectos indirectos en los hogares, especialmente en el caso de empresas de servicios públicos que siguen obligadas a pagar el tributo. Esto podría traducirse en presiones adicionales sobre las tarifas que asumen los ciudadanos, ampliando el alcance del impacto más allá del sector empresarial.
“Bajo las condiciones actuales, este tipo de medidas pone en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad económica del país”, señaló Cabal, en una advertencia que se suma a otras voces del sector privado que han cuestionado recientes decisiones del Gobierno y su viabilidad en el mediano plazo.
Llamado a un escudo fiscal para el próximo gobierno
Por esta razón, Fenalco hizo un llamado al próximo gobierno y al Congreso para avanzar en un “escudo fiscal” que proteja la inversión, evite la imposición de tributos confiscatorios y garantice condiciones mínimas para la operación empresarial. El mensaje se produce en medio de un ambiente en el que las decisiones judiciales han limitado varias iniciativas del Ejecutivo, lo que deja entrever un escenario de alta tensión entre política económica, control institucional y sostenibilidad empresarial.
