Desde la ciudad de Cartagena, donde el presidente Gustavo Petro preside una nueva sesión del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, realizó un anuncio de gran trascendencia fiscal. El Gobierno Nacional ha expedido un decreto que crea un nuevo impuesto al patrimonio dirigido específicamente a las personas jurídicas, es decir, a las empresas que operan en el territorio colombiano.
Medida extraordinaria en medio de la emergencia
Esta medida se enmarca dentro de la emergencia económica y social declarada por el Ejecutivo debido a la fuerte temporada de lluvias que ha afectado severamente a múltiples regiones del país. Las precipitaciones han causado daños considerables en infraestructura, agricultura y vivienda, requiriendo una respuesta financiera inmediata por parte del Estado.
Detalles del nuevo gravamen empresarial
El impuesto establece una tasa máxima de gravamen del 1,6%, pero con aplicaciones diferenciadas según los sectores económicos. El ministro Ávila precisó que la tarifa general será del 0,50% para la mayoría de las personas jurídicas, mientras que los sectores financiero y minero energético enfrentarán la tasa completa del 1,6%.
El documento oficial establece que este tributo se pagará en dos cuotas iguales del 50% cada una:
- Primera cuota: con vencimiento el próximo 1 de abril
- Segunda cuota: con vencimiento el 4 de mayo de 2026
Justificación y objetivos del recaudo
"En un plazo muy corto tendríamos estos recursos", explicó el jefe de la cartera económica durante su intervención. "Muchos de estos recursos van a ser necesarios para intervenciones de una escala significativa tanto en materia agraria como en infraestructura que requieren una intervención inmediata y por eso hemos planteado plazos muy cortos en el pago de la tarifa en este impuesto".
El ministro destacó que esta medida representa solamente la primera fase de un plan más amplio, con una meta de recaudo inicial cercana a los 8 billones de pesos. Sin embargo, dejó claro que no se descartan nuevas medidas fiscales en el futuro, dependiendo de la evolución de la emergencia y las necesidades de reconstrucción nacional.
Impacto en la economía colombiana
Esta decisión gubernamental marca un hito en la política fiscal del actual gobierno, estableciendo un precedente en la utilización de impuestos al patrimonio empresarial para financiar emergencias nacionales. La medida busca equilibrar la necesidad urgente de recursos con la capacidad contributiva de los diferentes sectores económicos, priorizando aquellos con mayor capacidad financiera.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por los efectos del cambio climático en Colombia, donde las temporadas de lluvias se han intensificado en los últimos años, causando daños recurrentes que exigen respuestas estructurales y financiamiento sostenible para la prevención y reconstrucción.
