La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advirtió que el futuro del sistema portuario colombiano depende de resolver tres frentes críticos: cerrar una brecha de inversión que en Buenaventura ya supera los US$400 millones, destrabar licencias ambientales represadas y acelerar la digitalización de las terminales, justo cuando varias concesiones se acercan al vencimiento de sus contratos.
Movimiento portuario y concentración en el Caribe
Entre enero y diciembre de 2025, las zonas portuarias del país movilizaron 174,2 millones de toneladas de carga, de las cuales 148,9 millones —el 85,5% del total nacional— se operaron en la región Caribe, según cifras de la Superintendencia de Transporte.
Inversión pendiente antes del vencimiento de concesiones
Buena parte de las sociedades portuarias firmaron sus contratos a comienzos de la década de 1990 y hoy se acercan al final de su vigencia. Sin embargo, la infraestructura requiere mantenimiento y mejoras constantes, pero los concesionarios tienen cada vez menos margen para asumirlas. La presidenta ejecutiva de la CCI, María Consuelo Araújo Castro, y la directora de Asuntos Económicos, Ginette Sofía Lozano Maturana, señalaron: "El resultado es un riesgo real de pérdida de competitividad".
Por eso plantean que el Gobierno avance en una metodología que permita calcular, certificar y reconocer el valor residual de las inversiones no amortizadas. Un caso emblemático es el dragado del canal de acceso a Buenaventura. La consultoría contratada por Invías propone una profundización en dos fases: hasta 16,5 y 17,5 metros primero, y 18 y 18,9 metros después, con una inversión total que supera los US$400 millones: cerca de US$265 millones en la primera etapa y US$143 millones en la segunda. El reporte plantea que semejante magnitud no admite fragmentación ni incertidumbre presupuestal, por lo que propone elevar el dragado a iniciativa estratégica nacional mediante un documento Conpes que defina responsabilidades, articule entidades y asegure la financiación a través de vigencias futuras.
Impacto económico y ambiental del sector
La Encuesta de Impactos de la Infraestructura, elaborada por la CCI, muestra que los puertos afiliados han respaldado inversiones superiores a tres billones de pesos, con participación relevante de capital extranjero. El sector genera cerca de 2.400 empleos directos y 18.000 indirectos, y más del 86% de las concesiones ya mide su huella de carbono bajo estándares internacionales.
Licencias ambientales que frenan el dragado de Buenaventura
El canal de acceso al puerto de Buenaventura tiene hoy una profundidad cercana a 12,5 metros, mientras los principales terminales del Pacífico latinoamericano operan entre 16 y 18 metros. La diferencia, de hasta cinco metros, equivale a competir en condiciones estructuralmente inferiores frente a puertos como Manzanillo (México) o Callao (Perú). El obstáculo no es de ingeniería. El Instituto Nacional de Vías, en articulación con el Ministerio del Interior, busca alternativas para destrabar el proyecto junto con la vía alterna interna de Buenaventura, porque el cronograma de consultas previas no es constante: algunas comunidades están en fase de evaluación ambiental y otras apenas iniciaron el proceso. Carlos Enrique Lora lo resume: "Sin licencia, el proyecto no inicia. La restricción no es técnica. Es institucional". Sin la protocolización de esas consultas no es posible obtener la licencia ambiental, y sin licencia la obra de dragado no puede arrancar.
El reporte advierte que el desafío institucional y social, más que el técnico, es el que define si Colombia logra cerrar a tiempo los procesos de consulta y avanzar hacia profundidades cercanas a 18 metros, la meta que permitiría recuperar competitividad y asegurar la inserción del país en las rutas marítimas globales. También persisten rezagos en la navegabilidad del río Magdalena, en las intervenciones del corredor Cartagena-Barranquilla y en la vía alterna al puerto de Santa Marta, cuya ejecución enfrenta retrasos presupuestales. Sin un desarrollo multimodal efectivo que articule vías, ríos y sistemas férreos con las terminales, la competitividad portuaria seguirá dependiendo de soluciones parciales.
Apuesta tecnológica para modernizar los puertos
El sistema portuario, advierte la CCI, también debe responder a la velocidad con la que cambia el comercio exterior, donde la trazabilidad de la carga y la interoperabilidad entre autoridades y operadores empiezan a ser tan decisivas como la profundidad de un canal o el tamaño de un muelle. Héctor Carbonell Gómez, director seccional de la CCI Norte, señala: "A esto se suma la necesidad de avanzar en digitalización e interoperabilidad". Integrar tecnología entre autoridades y operadores, adoptar soluciones 4.0 y fortalecer la trazabilidad de la carga son condiciones para reducir tiempos y aumentar la transparencia en las terminales.
El informe también destaca el fortalecimiento del gobierno corporativo y la incorporación de innovación. Iniciativas como SIP+, Delta X, Monarca y Novus evidencian la transición hacia puertos más inteligentes, seguros y sostenibles, alineados con los desafíos del comercio global, la transición energética y la descarbonización del transporte marítimo. La urgencia no es solo tecnológica: la región Caribe concentra hoy el 85,5% del tráfico marítimo nacional, pero el vencimiento de varias concesiones entre 2032 y 2034 marca un punto de inflexión. Ajustar el marco regulatorio, acelerar la digitalización y fortalecer la seguridad son condiciones indispensables para que ese liderazgo no se erosione en la próxima década.
Ese mismo compromiso ambiental se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: energía limpia, producción responsable y acción climática aparecen citados junto a la transición digital. Aún así, sin un marco financiero predecible, los concesionarios no tienen incentivos para invertir; sin licencias ambientales resueltas, los proyectos de dragado no avanzan aunque exista el presupuesto, y sin digitalización, ni la inversión ni la regulación se traducen en menores tiempos de tránsito o mayor transparencia para el comercio exterior.
