El Ministerio de Hacienda de España ha anunciado la creación de un "punto neutro de embargos", un sistema que permitirá cruzar información entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entre otras entidades. El objetivo principal es evitar que los deudores que tienen deudas con una administración puedan recibir recursos de otra.
Consulta pública del borrador
Hacienda ha abierto a audiencia e información pública el borrador del proyecto de real decreto que regula este mecanismo. Hasta el próximo 25 de junio, cualquier persona u organización puede presentar observaciones sobre el futuro reglamento del punto neutro de embargos.
Origen y base legal
La creación de este punto neutro estaba prevista en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Posteriormente, se concretó con la ley de impulso a la factura electrónica, que ya especificaba que la Agencia Tributaria crearía una plataforma informática para el intercambio de información y actuaciones relacionadas con embargos.
Funcionamiento del sistema
El punto neutro de embargos se concibe como un espacio en el que se contrastará la información de los deudores que estén en situación de generar actuaciones de embargo con alguna administración. También se analizarán las posibles propuestas de pago a esos morosos, con el fin de evitar que los embargos se produzcan.
Si confluyen varias propuestas de embargo de distintas administraciones con la misma preferencia de cobro, todas se concentrarán en un mismo momento y el importe disponible se prorrateará entre ellas. De manera similar, en los casos en que coincidan varias propuestas de embargo y varias propuestas de pago para el mismo deudor, se activará un proceso automatizado para determinar "la mejor combinación" que permita satisfacer la deuda de forma proporcionada y minimizar la carga burocrática.
Implementación técnica
En la práctica, la Agencia Tributaria desarrollará una aplicación informática donde se producirán los intercambios de información y las actuaciones de embargo de las administraciones que se adhieran al sistema. Estas entidades deberán utilizar el mismo sistema de firma electrónica para suministrar los datos.
El futuro punto neutro estará abierto a la Administración General del Estado, las comunidades y ciudades autónomas, la administración local, las entidades gestoras y servicios de la Seguridad Social, los organismos autónomos, universidades públicas, diputaciones forales, consorcios, agencias estatales y mutuas, entre otros organismos.
