Crisis del carbón silencia minas y deja miles sin empleo en Boyacá y Cundinamarca
Crisis del carbón deja miles sin empleo en Boyacá y Cundinamarca

El silencio se apodera de las minas de carbón en el interior del país

El característico sonido metálico de los picos golpeando la roca ha ido desapareciendo gradualmente en numerosas explotaciones carboníferas del centro de Colombia. Donde antes reinaba la actividad constante con turnos completos y jornadas intensivas, ahora solo quedan grupos reducidos de trabajadores realizando labores mínimas de mantenimiento y vigilancia.

Una crisis multifactorial golpea al sector

En regiones históricamente mineras como Boyacá y Cundinamarca, la industria que durante décadas sostuvo economías enteras enfrenta uno de sus momentos más críticos. La combinación de precios internacionales en descenso, costos operativos en aumento y una carga tributaria considerada excesiva por los actores del sector ha generado una tormenta perfecta que reduce drásticamente la capacidad de operación.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, describe un panorama desolador: "Hemos enfrentado una caída simultánea en los precios tanto internacionales como nacionales". A esta reducción se suma la variación cambiaria que ha recortado ingresos en pesos, pasando de un dólar a 4.300 pesos a aproximadamente 3.760 pesos actualmente.

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Minas en modo de supervivencia

En los socavones boyacenses, la realidad ha cambiado radicalmente. Edward Fonseca, pequeño minero en Paipa, recuerda cuando su empresa operaba normalmente con 36 trabajadores distribuidos en diferentes turnos. Hoy solo mantiene a 12 empleados.

"Estamos en una crisis sin precedentes", afirma Fonseca. La reducción no fue gradual ni planificada, sino una decisión forzada por la imposibilidad de sostener operaciones ante costos crecientes y precios deprimidos. "No soy capaz de sostenerlos", reconoce con preocupación.

En muchas explotaciones, el cierre no es total pero sí parcial. Se mantienen abiertas con operación mínima para evitar el colapso definitivo, pues los túneles requieren ventilación, mantenimiento y presencia humana constante. "Parar una mina es perderla", explica Fonseca, destacando la difícil posición de los pequeños mineros: sin producir lo suficiente para generar ingresos, pero sin poder abandonar completamente la actividad.

Impacto en cadena sobre las economías locales

El silencio en las minas se extiende más allá de los socavones. En las carreteras que antes transitaban camiones cargados de carbón, el movimiento ha disminuido notablemente. Los conductores esperan viajes que ya no llegan con la misma frecuencia, mientras que en los pueblos cercanos, los comercios registran caídas significativas en sus ventas.

"El carbón mueve una economía inmensa", explica Fonseca. "Gana el piquero, gana el transportador, gana el señor de la tienda". Esta cadena económica se ha ido debilitando progresivamente a medida que la actividad minera se reduce, afectando múltiples sectores interconectados.

Costos ascendentes y demanda interna reducida

Mientras los ingresos caen, los costos operativos continúan su trayectoria ascendente. El transporte terrestre, esencial para llevar el carbón desde las minas hasta los puertos, ha registrado incrementos superiores al 50% entre 2024 y 2025 en las principales rutas del interior del país.

Los costos laborales también presionan. Aunque en la pequeña minería los salarios suelen superar el mínimo legal, cada ajuste de este indicador impacta toda la estructura salarial, traduciéndose en mayores gastos para empresas que ya enfrentan serias dificultades financieras.

El contexto energético nacional ha reducido adicionalmente las opciones de venta interna. Durante 2025, las abundantes lluvias mantuvieron a las hidroeléctricas operando a niveles altos, disminuyendo la necesidad de generación térmica. Las plantas que utilizan carbón redujeron su actividad y, consecuentemente, la demanda del mineral.

"Las térmicas estuvieron apagadas", confirma Cante. "La demanda de carbones de la pequeña minería fue muy bajita". Esta situación ha forzado a los productores a depender más de mercados internacionales igualmente deprimidos, reduciendo márgenes hasta niveles donde vender puede significar pérdidas económicas.

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Presión tributaria y crisis de liquidez

Uno de los aspectos más criticados por el sector es la carga fiscal. En años recientes, el carbón ha enfrentado incrementos impositivos y cambios en condiciones fiscales que, según empresarios, no se ajustan a la realidad actual del mercado.

El aumento del anticipo del impuesto de renta del 1,5% al 4,6% ha tenido un efecto directo en la liquidez empresarial. Esto implica que las compañías deben pagar ese porcentaje sobre cada factura, incluso cuando las ventas no generan ganancias.

"Por cada factura que uno firme tiene que entregar el 4% a la DIAN independientemente de que esté vendiendo por debajo del costo", explica Cante. El resultado, según el gremio, es una presión constante sobre el flujo de caja, desviando recursos que podrían destinarse a mantener operaciones o pagar salarios hacia obligaciones fiscales anticipadas.

Fredy Rojas, director de Fedecarboy, señala que esta situación ha llevado a decisiones extremadamente difíciles: "Preferimos salir de personal y no quedarle o tener deudas con la DIAN". Esta elección se traduce en despidos masivos, con estimaciones sectoriales que hablan de aproximadamente 25.000 empleos formales perdidos en los últimos dos años en regiones como Boyacá, Cundinamarca, los Santanderes y Córdoba.

Endeudamiento como última opción

En medio de la crisis, numerosos empresarios han optado por endeudarse para mantener sus minas operativas. Los créditos se destinan principalmente a cubrir nóminas, pagar proveedores y sostener operaciones mínimas.

"El empresario minero hoy se está endeudando para pagar una nómina", explica Rojas. Esta decisión busca evitar el cierre definitivo, aunque implica asumir riesgos financieros adicionales en un contexto ya de por sí complejo.

Fonseca también ha recurrido a esta estrategia de supervivencia. Además de reducir personal, ha tenido que negociar acuerdos con trabajadores y buscar financiamiento externo. "Nos ha llevado a que tengamos que endeudarnos con los bancos", reconoce.

Comunidades enteras en riesgo

En Boyacá y otras zonas mineras tradicionales, la actividad carbonera trasciende lo económico para convertirse en la base misma de la vida comunitaria. Familias completas han trabajado durante generaciones en las minas, y los ingresos generados sostienen comercios, transporte y servicios locales.

"Hay municipios que son solamente mineros", explica Fonseca. La reducción de actividad comienza a reflejarse tangiblemente en la vida diaria de estas comunidades, donde las alternativas laborales son limitadas.

Los gobiernos locales también sienten el impacto. La disminución productiva ha reducido los ingresos por regalías, limitando severamente la capacidad de inversión en infraestructura y programas sociales esenciales.

Rojas confirma que en reuniones con autoridades municipales el tema es recurrente: "Es angustiante mirar cómo las regalías han estado reduciéndose", afirma, destacando el efecto cascada sobre el desarrollo regional.

Incertidumbre y cuestionamientos sobre transición energética

En el sector minero, las decisiones se toman con extrema cautela. Algunas explotaciones permanecen en mantenimiento, otras operan a capacidad mínima. Las expectativas se centran en posibles cambios que mejoren condiciones de mercado o ajustes en política fiscal.

Desde Fenalcarbón se ha planteado la necesidad de revisar niveles tributarios y retornar a condiciones similares a las de 2022, además de insistir en la importancia de reglas de juego estables en un contexto de múltiples cambios regulatorios.

Simultáneamente, han surgido cuestionamientos sobre la implementación de la transición energética en el país. Algunos actores del sector consideran que este proceso no ha sido suficientemente concertado con las comunidades mineras afectadas.

El debate se desarrolla en el marco de políticas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que incluyen medidas fiscales y cambios en el enfoque energético nacional. Sin embargo, en los pueblos mineros la discusión adquiere dimensiones más inmediatas: menos empleo, menores ingresos, reducida actividad económica.

Las minas permanecen abiertas en muchos casos, pero con significativamente menos trabajadores entrando cada día. En los socavones, el eco reemplaza progresivamente el ruido constante de la producción, mientras afuera las economías locales se adaptan a una realidad donde el carbón, eje central durante décadas, ha dejado de moverse con la misma fuerza, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias colombianas.