Argentina en la encrucijada minera: glaciares versus desarrollo cuprífero
El auge potencial de la producción de cobre en Argentina enfrenta un obstáculo glaciar que el gobierno de Javier Milei busca remover mediante una reforma legislativa. La actual Ley de Glaciares, diseñada para preservar formaciones de hielo que abastecen de agua a comunidades agrícolas y urbanas, se ha convertido en el principal escollo para inversiones mineras estimadas en US$40.000 millones.
La apuesta económica del gobierno mileista
Durante el último año, ejecutivos de gigantes mineros como Glencore Plc, Lundin Mining Corp. y su socio BHP Group han mantenido reuniones en el palacio presidencial de Buenos Aires. Estas corporaciones internacionales ven en la franja cuprífera argentina una oportunidad estratégica para satisfacer la creciente demanda global de cobre, esencial para cableado y transición energética.
Milei tiene motivaciones políticas y económicas contundentes: demostrar que su política de austeridad y enfoque promercado atrae inversión extranjera sustancial y genera empleos bien remunerados antes de las elecciones presidenciales de 2027. A largo plazo, estas inversiones podrían catapultar a Argentina entre los diez principales productores mundiales de cobre, generando más de US$10.000 millones anuales a precios actuales.
El avance legislativo y la resistencia ambiental
El jueves por la noche, el Senado argentino aprobó el proyecto de ley de Milei que permitiría a gobernadores provinciales -muchos de ellos partidarios de la minería- anular protecciones federales sobre glaciares y zonas periglaciares. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para votación final en los próximos días.
"Esto permitiría de una vez por todas a los argentinos comenzar a aprovechar nuestra riqueza natural", declaró Milei en noviembre al anunciar la medida. Sin embargo, la reforma ha despertado fuerte oposición de grupos ambientalistas, a quienes el presidente acusó de "preferir dejar que la gente muera de hambre antes que tocar cualquier cosa".
Los proyectos emblemáticos en la balanza
BHP y Lundin Mining planean invertir conjuntamente US$18.000 millones para desarrollar los yacimientos de Vicuña, que se convertiría en una de las minas de cobre más grandes del mundo. Este proyecto, enclavado entre laderas de hasta 5.500 metros de altura, representaría la mayor inversión individual en la historia argentina.
Las empresas ya buscan incluir Vicuña en el programa RIGI de Milei, que ofrece incentivos fiscales y comerciales para mejorar la economía minera y mitigar riesgos políticos. Sin embargo, en las cercanías de Filo del Sol -que contiene aproximadamente dos tercios de los recursos de Vicuña- un glaciar protegido por el gobierno federal podría obstaculizar el avance.
Las zonas grises de la legislación actual
Yanina Ripoll, jefa de asuntos ambientales de Vicuña, explicó durante una visita al remoto yacimiento que estudios universitarios muestran cómo el glaciar se reduce rápidamente y en seis años podría medir menos de una hectárea. Esta dimensión representa el requisito mínimo para inclusión en el inventario federal de protección.
La industria minera argumenta que necesita claridad legal: "Necesitamos una ley que aclare las cosas", afirmó Ripoll. "Cuando esto mide menos de una hectárea, ¿está cubierto por la ley o no? ¿Sigue siendo un elemento protegido aunque no esté en el inventario?"
Glencore enfrenta situación similar con un glaciar de roca catalogado federalmente cerca del proyecto El Pachón (valorado en US$9.500 millones), aunque autoridades provinciales lo retiraron de su inventario después de estudios que demostraron no ser fuente de agua.
Voces críticas y preocupaciones históricas
Juan Pablo Milana, glaciólogo de San Juan, calificó los cambios jurisdiccionales propuestos como un engaño: "Lo que realmente pretenden con esta modificación es desmantelar la ley nacional e idear un mecanismo para que las provincias desclasifiquen automáticamente los glaciares".
La medida de Milei reaviva temores surgidos hace una década durante fugas químicas en una mina de oro de San Juan. En Buenos Aires, vallas publicitarias proclaman la "Ley de No Tocar los Glaciares", mientras grupos como Rebelión o Extinción organizan manifestaciones.
El contexto regional y las prioridades nacionales
A diferencia de Chile y Perú -países con fuerte tradición minera y respaldo social a la actividad- Argentina lidia históricamente con resistencia ambiental. Sin embargo, esta oposición podría estar cediendo ante la priorización del desarrollo económico por parte de políticos y votantes.
Guillermo Toranzo, abogado y activista ambiental de 71 años, advierte: "No podemos ser ingenuos con esto. Debemos defender el agua y los glaciares, porque son nuestro sustento". Toranzo invoca el derecho constitucional argentino a un "medio ambiente sano y equilibrado" donde el desarrollo satisfaga necesidades presentes sin comprometer futuras generaciones.
La visión de la industria minera
Las empresas destacan el papel crucial del cobre en la transición desde combustibles fósiles y sus esfuerzos por coexistir con humedales y vida silvestre andina. Juan Arrieta, geólogo principal de Vicuña, cuestiona: "¿Por qué dejaríamos el recurso allí? Los ambientalistas originales somos nosotros".
El grupo industrial Caem argumenta que la minería moderna puede operar en regiones montañosas sin afectar reservas de agua, solicitando definiciones más claras sobre zonas periglaciares para evitar que formaciones sin función hidrológica significativa se clasifiquen erróneamente como reservas estratégicas.
El desenlace de esta batalla entre desarrollo económico y protección ambiental marcará el futuro de la industria minera argentina y su posición en el mercado global de cobre, mientras el gobierno de Milei apuesta por transformar potencial geológico en realidad económica.
