La tragedia en una mina de carbón de Sutatausa, Cundinamarca, vuelve a estremecer al país. Nueve mineros muertos, seis rescatados con vida y varias familias sumidas en el dolor es el saldo de una dura realidad que se repite con frecuencia alarmante.
Una realidad incómoda
Detrás de cada cifra hay una verdad incómoda: en estas minas trabajan, en su mayoría, personas de escasos recursos que arriesgan todo en labores de extremo peligro porque no tienen otra opción para sostener a sus familias. En Colombia se registran más de cien accidentes mineros al año, con decenas de víctimas fatales. Sutatausa ya había sido escenario de una tragedia similar hace dos años, cuando otra explosión dejó once muertos.
Fallas institucionales
Parece claro que la capacidad institucional del Estado para regular, vigilar y prevenir ha sido inferior al desafío. En este caso, incluso, existieron advertencias previas de la autoridad minera sobre riesgos asociados a acumulación de gases y polvo de carbón. Pero tales advertencias terminan siendo, en la práctica, un irónico canto a la bandera frente a la magnitud de la tragedia.
El país no puede seguir reaccionando con indignación pasajera ante tragedias que, en realidad, son previsibles y evitables. En el fondo, el problema es más estructural. La minería en Colombia sigue siendo, en buena medida, una actividad marcada por la informalidad, donde confluyen la necesidad de quienes trabajan en condiciones precarias, la codicia de quienes operan al margen o al límite de la ley y la incapacidad del Estado para regular.
Urgen medidas estructurales
Es hora de revisar esta situación más allá de cualquier consideración política. Urge evaluar las capacidades técnicas y normativas de la Agencia Nacional de Minería y trazar una hoja de ruta clara hacia la formalización del sector. Esto no excluye exigir que la minería formal cumpla estrictamente con las normas de seguridad.
En suma, cada incumplimiento, cada omisión y cada falla de control se paga con un costo inaceptable: vidas truncadas y familias enteras que quedan a la deriva. El país no puede seguir reaccionando con indignación pasajera ante tragedias que, en realidad, son previsibles y evitables. Es momento de actuar con determinación para que estas muertes no sean en vano.
