La suspensión provisional del Decreto 0415, emitido por el Gobierno la semana anterior y que ordenaba el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, ha generado nuevas solicitudes desde el sector pensional para ampliar el alcance de dicha medida mientras se define su legalidad. En particular, Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras privadas Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, ha solicitado que la suspensión no se limite a los afiliados que aún no se han pensionado, sino que también cobije los recursos de quienes ya reciben una mesada. Esta petición se da en medio de un creciente debate jurídico y económico sobre el destino del ahorro pensional.
Argumentos de Asofondos
Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, afirmó: “Mal haríamos en trasladarlos, no solo porque es ilegal, sino porque afecta el sueño de millones de colombianos de poderse pensionar en el futuro”. Según se conoció, el decreto ya enfrenta al menos 11 demandas ante el Consejo de Estado, lo que refuerza la percepción de que su futuro debe resolverse en el ámbito judicial antes de ejecutar decisiones de alto impacto económico.
La dimensión del debate es considerable, ya que el decreto ordenaba trasladar entre 25 y 27 billones de pesos en un plazo de apenas semanas. Estos recursos están asociados a más de 120.000 afiliados que aprovecharon la ventana de traslado entre regímenes incluida en la Reforma Pensional, la cual aún está bajo examen de la Corte Constitucional. De ese total, cerca de 20 billones de pesos corresponden a personas que aún no se han pensionado y alrededor de 5 billones a quienes ya reciben mesada, según cifras del sistema.
Impactos económicos y estructurales
Más allá del monto, los análisis técnicos advierten efectos estructurales de gran escala. Un estudio reciente señala que la aplicación del decreto generaría un “doble choque” sobre el sistema financiero y pensional, con un impacto total que superaría los 43 billones de pesos en el pasivo pensional de la Nación. José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, calificó la decisión de la alta corte como “acertada” y advirtió que el decreto contradecía el espíritu de la reforma pensional. “Estos recursos se debían ahorrar, no usarse para pagar pensiones”, señaló, al tiempo que alertó sobre efectos en los mercados financieros.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, destacó el alcance institucional de la medida: “La suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 es una señal institucional importante y necesaria. Aunque no es un fallo de fondo, sí deja un mensaje en el sentido de que la Constitución no es un trámite y los ahorros de los colombianos no pueden manejarse con afán ni con interpretaciones acomodadas”. Y agregó: “Defender la ley es defender a los ciudadanos”.
Consecuencias inmediatas y diferidas
Para el gremio de las AFP, el primer impacto sería inmediato. El traslado de activos, especialmente títulos de deuda pública (TES), obligaría a los fondos a recomponer sus portafolios para cumplir límites regulatorios, lo que implicaría vender activos como acciones y fondos de inversión entre 0,46 billones y 3,59 billones de pesos. Esta presión vendedora afectaría los precios de mercado y, con ello, la rentabilidad del ahorro de los afiliados.
El segundo impacto sería diferido, pero de mayor alcance. Una vez en manos de Colpensiones, estos recursos tendrían que convertirse en liquidez para el pago de pensiones. Esto implicaría la venta de hasta 27 billones de pesos en TES en el mercado, generando un choque de oferta equivalente a entre 9,7 y 14,6 por ciento del volumen habitual de negociación. Las estimaciones apuntan a que este fenómeno elevaría las tasas de interés y provocaría una desvalorización de los portafolios de los afiliados entre 25,2 y 30,6 billones de pesos, afectando no solo a quienes se trasladan, sino a millones de trabajadores que permanecen en el sistema.
A lo anterior se suma la pérdida de rendimientos futuros. Si los recursos continuaran invertidos hasta la edad de pensión, podrían generar cerca de 3,8 billones de pesos adicionales, que se perderían al destinarse a gasto corriente, insisten desde la agremiación.
Necesidad de seguridad jurídica
Analistas y expertos advierten que el debate trasciende lo técnico y lo financiero, y entra en el terreno de la seguridad jurídica. Con múltiples demandas en curso y la reforma pensional aún bajo revisión de la Corte Constitucional, avanzar en el traslado de recursos podría generar efectos irreversibles antes de que exista claridad normativa. Además, el sistema pensional colombiano enfrenta presiones demográficas crecientes, lo que hace cada vez más relevante el ahorro individual como pilar de sostenibilidad. Actualmente hay cerca de cinco cotizantes por cada pensionado, pero esa relación podría caer a cuatro, tres o incluso dos en las próximas décadas, e incluso a uno en el largo plazo.
“La única forma de tener un sistema pensional sostenible es creándolo alrededor del ahorro”, insistió Velasco.
