A pesar de las múltiples advertencias de expertos y órganos de control, el Gobierno Nacional ha decidido ordenar el traslado ‘exprés’ de los recursos pensionales por 25 billones de pesos desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones. El decreto 0415 instruye a las AFP para que, en un plazo de 30 días, transfieran a la administradora pública los ahorros de más de 100.000 afiliados que aprovecharon la ventana para cambiar de régimen.
Riesgos ignorados
Los riesgos jurídicos, fiscales y técnicos que la Casa de Nariño optó por desatender son muy serios y generarán efectos indeseables, probablemente irreversibles. En primer lugar, el camino del Ejecutivo va en abierta contravía con lo dispuesto en el texto de la propia reforma que impulsó la administración Petro y que mantuvo la Corte Constitucional. Lo que el Congreso aprobó fue que esos recursos de las personas se ahorraran en sus cuentas individuales, manejadas por los fondos privados, hasta que se consolidaran sus respectivas pensiones.
Más aún, estos recursos constituyen una fuente de financiación para el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que aún no entra en funcionamiento y será administrado por el Banco de la República, y que busca robustecer las pensiones públicas en el largo plazo. El decreto debilita no solo la arquitectura institucional de la reforma pensional del mismo Gobierno, sino la sostenibilidad financiera futura de ese fondo.
Riesgo fiscal inminente
Segundo, el traslado exprés desatará un peligroso riesgo fiscal. El Gobierno rompe abusivamente el compromiso de no destinar los recursos del ahorro pensional de los colombianos a costear sus gastos de funcionamiento. Esta billonaria transferencia a Colpensiones liberará del presupuesto nacional lo equivalente a casi dos reformas tributarias y podría convertirse en un bolsillo fresco para financiar el desbordado gasto público, en plena campaña en la que el Gobierno busca la reelección del proyecto político petrista.
La acelerada liquidación de esas inversiones podría terminar en detrimento patrimonial y otros efectos jurídicos y disciplinarios.
Decisiones regulatorias adversas
Un tercer aspecto es la serie de recientes decisiones regulatorias que la administración Petro ha expedido, que atentan contra la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores y deterioran las condiciones para los fondos de pensiones y sus afiliados. Al citado decreto se suman las restricciones para la diversificación de las inversiones de las AFP en el extranjero y la reducción de la cobertura del mecanismo de deslizamiento, que encareció en unos 200 millones de pesos adicionales el costo de comprar una renta vitalicia por el mínimo.
Para ser claros, el Gobierno viene tomando determinaciones que atentan contra la protección de los ahorros pensionales de millones de trabajadores, así como enrarecen los entornos financieros y las condiciones de rentabilidad para esos recursos. El riesgo de malgastar hoy esos billonarios recursos, previstos para el largo plazo, y aumentar el pasivo pensional del Estado es alto. Igualmente, la acelerada liquidación de esas inversiones podría desembocar en un detrimento patrimonial y otros efectos jurídicos y disciplinarios.
Llamado al Consejo de Estado
Porque es equivocado, inoportuno e inconveniente, además de ir en potencial contravía con lo dispuesto por la ley, el Consejo de Estado debería tomar medidas cautelares que suspendan las consecuencias de este decreto.
