La implementación del Decreto 0415 de 2026, que reglamenta el traslado de ahorros pensionales desde el sector privado hacia el público, proyecta un impacto económico de gran escala para las finanzas del país y el ahorro de los trabajadores. El efecto consolidado sobre la Nación se estima en un incremento del pasivo pensional que supera los 43 billones de pesos.
Según un documento conocido por Portafolio, este movimiento de recursos generará un doble choque financiero secuencial que afectará tanto la estabilidad del mercado de valores como la valoración de los ahorros de millones de ciudadanos que decidieron permanecer en los fondos privados. El monto total que se movilizará desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones asciende a aproximadamente 27 billones de pesos.
Desglose de los recursos movilizados
Esta cifra se desglosa en 19,4 billones de pesos correspondientes al saldo de las cuentas individuales de afiliados que aún no se han pensionado, 5,1 billones de pesos de personas ya jubiladas en el régimen privado y cerca de 2,5 billones de pesos provenientes del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. A corte del 31 de marzo de 2026, se contabilizan 127.167 afiliados que se acogieron a esta oportunidad de traslado.
Dos fases críticas del impacto financiero
El análisis técnico divide el impacto en dos fases críticas. La primera, denominada "Momento 1", se deriva de la obligación de realizar el traslado principalmente en Títulos de Tesorería (TES) Clase B. Al extraer masivamente estos activos de renta fija del portafolio Conservador —donde se encuentra el 71,3% de los recursos de quienes se trasladan—, se produce una alteración mecánica en los límites legales de inversión.
La regulación vigente establece que el fondo Conservador no puede tener más del 20% de su composición en títulos participativos, como acciones. Al retirar los TES del portafolio, el valor total del fondo disminuye, pero las acciones permanecen inalteradas, lo que elevaría su participación porcentual hasta un 33,5%. Para restablecer el cumplimiento normativo, las AFP se verían forzadas a realizar una liquidación masiva de activos participativos por un valor de entre 0,46 billones y 3,59 billones de pesos. Esta presión vendedora en el mercado accionario afectaría la rentabilidad de los portafolios, ya que las inversiones tendrían que liquidarse a menores precios.
El segundo impacto: venta masiva de TES por Colpensiones
El segundo impacto, o "Momento 2", ocurrirá cuando Colpensiones reciba los 27 billones de pesos en TES. Debido a que esta entidad opera bajo un sistema de reparto y requiere liquidez inmediata para el pago de las mesadas pensionales corrientes —proyectadas en 75,6 billones de pesos para 2026—, deberá vender esos títulos en el mercado secundario para obtener efectivo. Se estima que una venta de tal magnitud en un periodo corto crearía un choque de oferta de hasta el 14,6% sobre el volumen normal de negociación. Este exceso de oferta provocaría un ajuste alza en las tasas de interés de los TES de aproximadamente 158 puntos básicos.
Como consecuencia directa, los títulos de deuda pública que permanecerían en los fondos de pensiones perderían valor de mercado. Se calcula que la desvalorización de los portafolios de todos los afiliados que decidieron no trasladarse oscilará entre los 25,2 billones y 30,6 billones de pesos.
Pérdida de rendimientos futuros
Además, el traslado implica una pérdida significativa en rendimientos futuros. Si estos 27 billones de pesos permanecieran administrados por las AFP hasta la edad de jubilación de los solicitantes, generarían ganancias financieras estimadas en 3,79 billones de pesos, sumados a 343 mil millones del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Al pasar a Colpensiones, estos recursos dejan de invertirse para convertirse en gasto corriente pensional.
Cronograma acelerado y consecuencias fiscales
Finalmente, el cronograma de ejecución establecido en el decreto es acelerado, exigiendo que el 50% del traslado se realice antes del 10 de mayo de 2026, y el 50% restante antes del 30 de mayo del mismo año. El documento advierte que la medida no genera recursos nuevos para el sistema, sino que sustituye el financiamiento que antes provenía del Presupuesto General de la Nación, aumentando el pasivo a carga del Estado.
