Alza del petróleo reabre tensiones fiscales y pone en riesgo el Fondo de Estabilización de Combustibles
Desde enero, el precio del barril Brent ha experimentado un incremento significativo, pasando de 61 a 112 dólares, con un avance del 8,7% solo en la última semana, alcanzando niveles no vistos desde 2022. Este repunte se atribuye a factores geopolíticos, como la guerra en Oriente Medio y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. La Agencia Internacional de Energía ha advertido que el mundo enfrenta "la mayor amenaza energética de la historia", según su director Fatih Birol, y Arabia Saudita proyecta que el precio podría subir hasta 180 dólares en mayo.
Impacto en Colombia y giro hacia los fertilizantes subsidiados
En Colombia, este salto en los precios ya se está sintiendo, con un enfoque particular en el sector agrícola. El presidente Gustavo Petro señaló en la red social X que "la escalada del precio del petróleo en mayo nos obliga a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados". Añadió que no se podrán generar subsidios a la gasolina, ya que si el precio sube a nivel internacional, también lo hará en el país, lo que aliviaría la presión fiscal del Estado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Sin embargo, esta propuesta coloca a Ecopetrol en el centro del plan, con un cambio de rumbo: financiar el subsidio a los fertilizantes con utilidades que la Nación dejaría de recibir, las cuales ya han disminuido debido a las maniobras financieras de la compañía.
Evolución del FEPC y ajustes en los subsidios
En los últimos dos años, el Gobierno desmontó el subsidio a la gasolina, que había acumulado un déficit millonario en el FEPC. Este proceso llevó el precio interno a niveles similares o superiores al internacional, resultando en una mejora significativa en las cuentas del fondo: de un déficit de COP 36,7 billones en 2022 a un saldo más manejable de aproximadamente COP 3,3 billones al cierre de 2025.
No obstante, el ajuste fue desigual, ya que el diésel se mantuvo rezagado con el objetivo de proteger el transporte de carga y de pasajeros, sectores que impactan directamente el costo de vida. Actualmente, el precio promedio de la gasolina ronda los COP 15.073 y el diésel los COP 11.001, con el subsidio de este último limitado exclusivamente al transporte de carga, según reiteró el presidente.
Recientemente, el Gobierno expidió el Decreto 0268 de 2026, cerrando el acceso al FEPC para combustibles usados en procesos industriales, como quemadores, debido a presiones fiscales y operativas. El consumo de diésel en estas actividades aumentó de 806.000 galones mensuales en 2023 a más de 8,2 millones en 2024, generando costos de al menos COP 131.000 millones en pocos meses.
Fragilidad del equilibrio fiscal y perspectivas futuras
El FEPC logró estabilizarse en parte gracias al ajuste de precios internos y un entorno externo favorable, con un dólar cercano a los COP 3.700 y un crudo menos volátil. Esto permitió proyectar subsidios por cerca de COP 1,9 billones en 2026, una cifra que parecía inalcanzable, según el centro de pensamiento ANIF.
Sin embargo, este equilibrio es frágil, ya que un petróleo por encima de 110 dólares cambia las cuentas de inmediato. Cada dólar adicional encarece las importaciones de combustibles y presiona el déficit del fondo. Si el peso se deprecia, el impacto sería doble, aunque esto aún no ha sucedido. ANIF ya había advertido que el margen del FEPC era estrecho incluso antes de este repunte.
Por otro lado, el aumento en las ventas debido a cierres en Ormuz y precios más altos podría beneficiar las finanzas de Ecopetrol, que ha enfrentado desafíos en los últimos años. En 2025, la empresa reportó ingresos de COP 119,6 billones, una caída del 10,2% respecto a los COP 133 billones de 2024, y sus utilidades disminuyeron de COP 14,9 billones a COP 9 billones, una baja del 39,5%.
La decisión del Gobierno de cerrar la puerta a reactivar subsidios a la gasolina, justo cuando el precio internacional vuelve a subir, busca evitar repetir el ciclo de acumulación de deuda, pero pone de relieve la necesidad de estrategias alternativas como el subsidio a fertilizantes para mitigar los efectos económicos de la volatilidad del petróleo.
