El conflicto laboral de ESSA: Una amenaza para la estabilidad regional
El actual conflicto laboral que enfrenta la Empresa de Energía de Santander (ESSA) trasciende por completo un simple desacuerdo entre sindicato y empresa. Lo que realmente está en juego en esta situación es la estabilidad integral de todo un departamento colombiano. Cuando una compañía energética entra en tensiones significativas con su fuerza laboral, no se discute únicamente un pliego de peticiones salariales, sino la continuidad absoluta de los servicios que sostienen la vida cotidiana, la seguridad pública y la propia institucionalidad de Santander.
Una red crítica de dependencia energética
La ESSA tiene bajo su responsabilidad directa el suministro eléctrico a casi cinco mil entidades que dependen de su funcionamiento diario e ininterrumpido. Esta cifra abarca una amplia gama de instituciones vitales:
- Hospitales y clínicas que requieren energía constante para mantener operativas las unidades de cuidados intensivos, los quirófanos, los sistemas de refrigeración de medicamentos y vacunas, y todo tipo de equipos médicos vitales.
- Pacientes electrodependientes cuyas vidas literalmente penden de un hilo eléctrico, ya que no pueden sobrevivir si un ventilador mecánico, una bomba de infusión o cualquier dispositivo médico esencial se apaga.
- Hogares geriátricos donde cientos de adultos mayores necesitan condiciones eléctricas estables para su bienestar, tratamiento médico y calidad de vida básica.
Si ampliamos el panorama, la lista se extiende considerablemente: aparecen los acueductos municipales que sin energía dejan de bombear agua potable, las cárceles que dependen de sistemas eléctricos para su seguridad interna, las comisarías, las estaciones de policía, los cuerpos de bomberos, los aeropuertos regionales, las instituciones educativas, los nodos críticos de telecomunicaciones, los sistemas de semáforos y el alumbrado público. Se trata de una red institucional completa que, ante una interrupción del servicio, no afectaría únicamente a la ESSA como empresa, sino que paralizaría a toda la región de Santander.
El delicado equilibrio entre derechos y responsabilidades
Por esta razón, hablar de una huelga o de una "hora cero" sin comprender plenamente esta dimensión crítica resulta profundamente irresponsable. Es fundamental reconocer que el derecho a la huelga existe, es legítimo y está plenamente protegido por la Constitución Nacional. Sin embargo, también está constitucionalmente garantizada la continuidad de los servicios públicos esenciales, categoría en la que sin duda se encuentra la energía eléctrica.
No estamos ante un servicio accesorio o de lujo; estamos frente a la condición mínima e indispensable para que la sociedad moderna pueda funcionar. La electricidad ha dejado de ser un commodity para convertirse en el oxígeno de la vida institucional y comunitaria.
Paradojas en el panorama laboral interno
Lo paradójico de esta situación es que, pese a la gravedad extrema de un posible desabastecimiento energético, el panorama laboral interno de la ESSA no corresponde al de una empresa precarizada. En la compañía no existe un solo trabajador que perciba únicamente el salario mínimo legal vigente. De hecho, un empleado con formación de bachillerato supera holgadamente los cuatro millones de pesos mensuales, contando todos los factores prestacionales adicionales establecidos por ley.
Aun con estas condiciones, la negociación colectiva ha avanzado con propuestas económicas importantes ofrecidas por la empresa, que incluso van más allá de lo que actualmente se paga. No obstante, este dato objetivo parece desvanecerse y perder relevancia en medio de discursos confrontacionales y posiciones duras que buscan convertir un conflicto laboral en un pulso de fuerzas que, de escalar sin control, tendría consecuencias sociales absolutamente incalculables para Santander.
Una responsabilidad compartida y urgente
El punto central no es deslegitimar al sindicato ni idealizar de manera acrítica a la empresa. El verdadero núcleo del asunto radica en que, cuando se trata de un servicio esencial de vida o muerte, no se puede jugar a poner en riesgo a miles de personas inocentes para presionar una negociación, por válidas que sean las reivindicaciones.
Aquí la responsabilidad debe ser estrictamente compartida entre todos los actores:
- De la empresa, que debe mantener y fortalecer canales reales, efectivos y de buena fe para el diálogo permanente.
- Del sindicato, que no puede convertir el suministro energético en una simple carta de negociación, dada su naturaleza crítica.
- Del Estado, que tiene la obligación constitucional de asegurar que los derechos colectivos de los trabajadores no queden sometidos a la tensión destructiva de un conflicto interno que ponga en peligro a la población.
El "caso ESSA" trasciende por completo un debate técnico sobre salarios o convenciones colectivas. En esta perspectiva periodística, creemos firmemente que se trata de un asunto genuino de vida o muerte para miles de santandereanos. Esta realidad exige, de manera imperativa, un nivel radicalmente distinto de sensatez, proporcionalidad y responsabilidad histórica por parte de todos los actores involucrados. El futuro inmediato de Santander depende de ello.
