Superintendencia de Industria y Comercio investiga a Movistar por prácticas comerciales cuestionables
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una investigación administrativa contra la empresa de telecomunicaciones Movistar, tras formular un pliego de cargos mediante la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026. Esta acción regulatoria surge como respuesta a múltiples denuncias presentadas por usuarios insatisfechos con la operadora.
Denuncias por cobros no autorizados de equipos repetidores de señal
El núcleo de la investigación se centra en presuntos cobros asociados a equipos repetidores de señal WiFi, comercializados bajo el nombre "Baseport". Según las denuncias analizadas por la SIC, estos equipos habrían sido facturados a los consumidores sin contar con su consentimiento previo y expreso, una práctica que podría vulnerar el derecho fundamental a la libre elección de los usuarios.
La investigación abarca específicamente el período comprendido entre agosto de 2020 y mayo de 2024, durante el cual se habrían realizado estos cobros cuestionables. La Superintendencia ha determinado que, de comprobarse estas conductas, Movistar podría estar incumpliendo las normas que garantizan a los usuarios la posibilidad de elegir libremente los equipos utilizados para acceder a los servicios de comunicaciones.
Deficiencias en la información proporcionada a los consumidores
Además de los presuntos cobros no autorizados, el pliego de cargos incluye posibles incumplimientos relacionados con el derecho de los consumidores a recibir información clara y oportuna. Según la SIC, la empresa podría haber vulnerado este derecho al generar cobros no informados previamente, lo que resultó en las denominadas facturas "sorpresa" que incluían cargos por servicios o equipos no aceptados con anterioridad.
La Superintendencia también señala que Movistar no habría mantenido actualizado el contrato único de prestación de servicios fijos, ni garantizado el acceso adecuado a su contenido por parte de los usuarios. Esta falta de transparencia contractual representa otra de las líneas de investigación que la entidad está desarrollando contra la operadora.
Consecuencias legales y proceso de defensa
En caso de comprobarse las conductas investigadas, la Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer sanciones significativas contra Movistar. Las multas podrían alcanzar hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción, una cifra que refleja la gravedad de las posibles violaciones a los derechos de los consumidores.
Contra la resolución de formulación de cargos no procede recurso alguno, conforme a lo establecido en los artículos 47 y 75 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Sin embargo, la empresa investigada cuenta con un plazo de 15 días, contados a partir de la notificación, para ejercer su derecho a la defensa y contradicción ante las acusaciones presentadas.
Contexto regulatorio y protección al consumidor
Esta investigación se enmarca en los esfuerzos de la SIC por fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones. La entidad ha venido incrementando su supervisión sobre las prácticas comerciales de las operadoras, particularmente en lo relacionado con:
- Transparencia en la información contractual
- Consentimiento expreso para cobros adicionales
- Claridad en las tarifas de servicios
- Acceso adecuado a los términos y condiciones
El caso de Movistar representa un ejemplo significativo de cómo las autoridades colombianas están respondiendo a las quejas de los usuarios y aplicando la normativa vigente para garantizar prácticas comerciales justas en el competitivo mercado de las telecomunicaciones.
