El debate sobre las SIM cards: más que tecnología, un asunto de seguridad nacional
Durante años, Colombia ha enfrentado un vacío regulatorio crítico en la venta de líneas celulares. Hasta 2025, no existía un lineamiento claro sobre quién tenía la responsabilidad del registro de comparadores y usuarios de las tarjetas SIM. Este problema, que algunos consideraban meramente tecnológico o económico, se ha revelado como una grave amenaza para la seguridad ciudadana.
El vínculo entre SIM cards y extorsión carcelaria
Según datos del Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, aproximadamente el 69% de los casos de extorsión en Colombia se originan desde centros carcelarios y penitenciarios. Este alarmante porcentaje está directamente relacionado con la falta de control en la venta de SIM cards, que ha permitido que se adquieran paquetes de 50 o 100 líneas que ingresan ilegalmente a las prisiones.
El modus operandi es claro: los delincuentes activan estas líneas desde dentro de las cárceles, las utilizan para extorsionar, y cuando son detectadas, simplemente las desechan y pasan a usar otras del mismo paquete. Este ciclo se repite indefinidamente, aprovechando el vacío regulatorio que durante años ha existido en el país.
La respuesta legislativa y sus limitaciones
Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de Ley que busca atacar este problema de raíz. Sin embargo, muchos expertos señalan que la solución fundamental pasaría por transformar las cárceles en espacios verdaderamente controlados por el INPEC, en lugar de permitir que funcionen como "hoteles" donde los delincuentes gestionan sus bandas criminales o operan "call centers del crimen".
Mientras avanza esta iniciativa legislativa, en marzo de 2025 se dio luz verde a la Resolución 7684, un paso adelante para controlar este panorama preocupante. Según el documento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, "El operador deberá verificar en tiempo real, utilizando el mecanismo que considere idóneo, la coincidencia del tipo, número y fecha de expedición del documento de identificación del usuario sea persona natural o jurídica".
Nuevas preocupaciones: el riesgo de suplantación de identidad
Aunque este protocolo representa un avance significativo, genera una nueva preocupación entre las autoridades y expertos en seguridad. Con la implementación de esta resolución, ahora los delincuentes podrían utilizar datos completos de cédulas o pasaportes para hacerse pasar por otras personas, activando así las SIM cards a nombre de terceros inocentes.
Las consecuencias de esta suplantación son graves:
- Cuando una línea sea reportada por ser utilizada para extorsión, el titular registrado deberá responder ante las autoridades
- Aunque logre demostrar que fue víctima de suplantación, enfrentará procesos judiciales lentos y complejos
- Los daños económicos, laborales y psicológicos para la víctima de suplantación no tienen quién los repare
- Mientras tanto, los delincuentes reales continúan operando impunemente
La velocidad con que avanzan este tipo de casos en la justicia colombiana agrava el problema, dejando a las víctimas de suplantación en una situación de vulnerabilidad prolongada.
Un problema que requiere soluciones integrales
La regulación de las SIM cards en Colombia demuestra cómo un aparente debate técnico puede tener profundas implicaciones en la seguridad ciudadana. Mientras las autoridades avanzan en controles más estrictos durante la activación de líneas, persisten desafíos importantes que requieren:
- Mayor control en el acceso a las cárceles para evitar el ingreso de dispositivos de comunicación
- Mecanismos más eficientes de verificación de identidad que prevengan la suplantación
- Procesos judiciales más ágiles para proteger a las víctimas de suplantación
- Coordinación entre diferentes entidades del Estado para abordar el problema de manera integral
La seguridad ciudadana en Colombia enfrenta así un desafío complejo que combina aspectos tecnológicos, regulatorios y de justicia, y cuya solución requiere de esfuerzos coordinados y persistentes por parte de todas las instituciones involucradas.
