Corrupción sistémica desangra recursos de la alimentación infantil en La Guajira
Mientras los índices de desnutrición infantil en municipios como Manaure y Riohacha alcanzaban niveles alarmantes durante 2019, un grupo de funcionarios públicos y particulares orquestaba un sofisticado mecanismo de corrupción que desvió más de $860 millones de pesos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de La Guajira.
El entramado criminal bajo fachada de legalidad
La Fiscalía General de la Nación, tras meses de investigaciones y auditorías forenses, ha documentado cómo operaba este esquema delictivo que utilizaba como pantalla contratos de atención integral con enfoque diferencial para comunidades étnicas y rurales. Entre febrero y diciembre de 2019, la seccional de La Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) suscribió tres contratos con una asociación privada que, en lugar de priorizar el bienestar nutricional de los niños, se enfocó en el lucro ilícito.
"No fue un simple error administrativo, sino un direccionamiento deliberado de recursos públicos hacia bolsillos privados, vulnerando el derecho fundamental a la alimentación de la infancia guajira", señaló una fuente de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía.
Los tres pilares del fraude
Según el acervo probatorio reunido por las autoridades, el mecanismo fraudulento se sustentaba en tres componentes principales:
- Facturación inflada: Los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla, actuando como proveedores de alimentos perecederos, presuntamente emitieron facturas con precios muy superiores a los valores reales de mercado.
- Maquillaje financiero: Rosidis Barliza Rivera, representante legal de la empresa contratista, habría utilizado estos documentos adulterados para presentar informes financieros falsos ante el ICBF, justificando así el desembolso de sumas exorbitantes.
- Supervisión cómplice: El punto crítico del entramado se encontraba dentro de la misma institución estatal. Los funcionarios Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, en su rol de supervisores del ICBF, otorgaron el visto bueno a doce pagos irregulares, ignorando deliberadamente los sobrecostos evidentes en las facturas presentadas.
Judicialización de los responsables
La contundencia de las pruebas recopiladas por la Fiscalía llevó a la judicialización de siete personas, cuyos cargos reflejan la gravedad de las acciones cometidas:
- Exfuncionarios del ICBF: Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas enfrentan cargos por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
- Particulares involucrados: La contratista Rosidis Barliza Rivera y los proveedores Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla han sido imputados por peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento privado.
Impacto en la seguridad alimentaria regional
El detrimento patrimonial calculado en $860 millones de pesos representa una pérdida irreparable para una región donde la seguridad alimentaria constituye una emergencia humanitaria constante. Los investigadores detectaron incrementos "inusuales" en el valor de las raciones diarias, lo que sugiere que, mientras la documentación oficial indicaba la entrega de proteína de alta calidad, la realidad en las comunidades rurales de La Guajira era marcadamente diferente.
Este caso reabre el debate sobre la efectividad de los mecanismos de control interno en las seccionales del ICBF y expone la vulnerabilidad de los procesos de contratación con enfoque étnico, modalidad que frecuentemente es utilizada como "pantalla" para evadir auditorías rigurosas y controles más estrictos.
Los procesados enfrentan ahora un juicio que promete revelar más nombres y posiblemente otros contratos ejecutados bajo la misma modalidad fraudulenta. La justicia colombiana busca que, en esta ocasión, el castigo sea tan ejemplar como el daño causado a la infancia guajira, una población históricamente vulnerada en sus derechos fundamentales.
