Prestigiosa institución educativa de Bogotá enfrenta grave crisis financiera y judicial
Un reconocido colegio de la capital colombiana se encuentra en el centro de una tormenta financiera y legal que ha desencadenado la aplicación de medidas cautelares sobre sus activos. Los acreedores de la institución han presentado denuncias formales ante la Superintendencia de Sociedades, señalando graves inconsistencias en los movimientos financieros y decisiones operativas que comprometen la transparencia de la entidad educativa.
Reorganización empresarial que derivó en investigación judicial
Lo que comenzó como un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 para salvaguardar la estabilidad del tradicional Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S., ha evolucionado hacia un complejo escenario judicial de proporciones significativas. Aunque la solicitud de reorganización fue admitida oficialmente el 23 de febrero de 2026, los informes revelan que la institución ya presentaba signos críticos de insolvencia desde el año 2025.
Para esa fecha, el colegio acumulaba obligaciones vencidas por más de 90 días que ascendían a $29.897 millones, representando el 90,52% de su pasivo total. Esta alarmante cifra ha generado profundas preocupaciones entre los acreedores y las autoridades de control.
Hallazgos alarmantes en la investigación
Las investigaciones adelantadas por los acreedores tras el fallecimiento del anterior gerente en junio de 2025 han revelado una serie de hallazgos preocupantes:
- Pasivos fantasma: Se detectaron obligaciones por $4.730 millones respaldadas en siete pagarés que no figuraban en la contabilidad oficial de la institución.
- Sobrevaloración de activos: El rubro de "Propiedad, planta y equipo" registró un incremento injustificado, pasando de $18.200 millones en 2024 a $53.998 millones en 2025, lo que representa un aumento sospechoso que requiere explicación.
- Irregularidades en predios: Se denunció la dación en pago de un lote en Sindamanoy (Chía) registrado por $6.000 millones, a pesar de que su avalúo comercial real apenas rondaría los $1.337 millones. Además, el predio fue reportado erróneamente ante la Supersociedades como ubicado en el municipio de Cota.
Créditos familiares y presunto ocultamiento de información
La situación se complica aún más al conocerse que, entre 2022 y 2025, un patrimonio familiar inyectó créditos por más de $18.900 millones a la institución. Según las denuncias presentadas, estos recursos fueron entregados basados en información financiera que no reflejaba la realidad contable de la entidad educativa.
El reporte detalla el hallazgo de cuentas por cobrar por $1.646 millones en préstamos a personas vinculadas, incluyendo a la familia Jeangros y a la revisora fiscal, Alex Marina Silva Moreno. A esta última se le señala de ser presuntamente una de las orquestadoras del ocultamiento de pasivos mientras se gestionaban nuevos desembolsos financieros.
Asimismo, se identificaron giros por $2.971 millones a Windstarke S.A.S., una firma de obras civiles vinculada al fallecido representante legal del colegio, lo que añade otra capa de complejidad a la investigación.
Medidas cautelares y futuro incierto
Ante la contundencia de las pruebas presentadas por los acreedores, las autoridades judiciales han decretado medidas cautelares de secuestro sobre diversos activos y derechos del colegio para proteger los intereses de los acreedores. A pesar de que la familia Jeangros intentó oponerse a estas diligencias de secuestro, el proceso judicial continúa avanzando sin pausa.
El deterioro financiero de la institución queda en evidencia al contrastar que, aunque los ingresos crecieron significativamente entre 2021 y 2025, los gastos administrativos aumentaron a un ritmo similar, asfixiando progresivamente la operación del colegio. Esta dinámica insostenible ha llevado a la institución al borde del colapso financiero.
El proceso judicial avanza hacia una etapa definitiva que podría derivar en el remate de inmuebles, dejando en el aire el futuro de una de las instituciones educativas más tradicionales de la región. La comunidad educativa y los padres de familia observan con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos, mientras las autoridades continúan investigando las presuntas irregularidades que superan los 30.000 millones de pesos.
