El Concejo Municipal de Ibagué ratificó en segundo debate el proyecto de acuerdo que limita el empleo de dispositivos móviles y tabletas dentro de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Esta determinación, que entrará en vigor tras la reglamentación correspondiente, se enfoca principalmente en la población estudiantil menor de 14 años, estableciendo un marco regulatorio para el uso de tecnología durante el horario escolar. La iniciativa surge como una respuesta institucional a las crecientes preocupaciones sobre el bienestar integral de los jóvenes y la necesidad de priorizar los procesos de aprendizaje sobre la distracción digital.
Marco legal y objetivos de la medida contra el uso de dispositivos móviles
La nueva normativa se fundamenta en principios de protección a la infancia y adolescencia. Según el concejal Arturo Castillo, promotor de la iniciativa, el acuerdo se apoya en la Ley 1098 y la Ley 2170, las cuales facultan la regulación de herramientas tecnológicas en beneficio de los menores. El cabildante explicó que la finalidad primordial es salvaguardar la salud mental, potenciar el desarrollo cognitivo y mejorar la convivencia ciudadana entre los estudiantes ibaguereños. Con esta aprobación, Ibagué se sitúa como una de las capitales pioneras en el país en formalizar este tipo de restricciones a nivel municipal. El documento aprobado señala que las instituciones educativas oficiales deben ser entornos seguros donde el acceso a internet y a las redes sociales no interfiera con la formación académica ni se convierta en un catalizador de conflictos sociales.
Excepciones pedagógicas y situaciones de emergencia en las aulas
A pesar de la restricción general, el acuerdo contempla flexibilidad para situaciones específicas que requieran el uso de la tecnología. Castillo, en diálogo con Caracol Radio, explicó que "el acuerdo plantea excepciones para el uso de estos con fines pedagógicos, cuando los docentes lo requieran, salud y discapacidad, también en emergencias familiares". Fuera de estos casos puntuales, los colegios públicos deberán implementar mecanismos físicos para el resguardo de los equipos durante la jornada, asegurando que los dispositivos no sean utilizados de forma libre por los alumnos. La Secretaría de Educación tendrá la responsabilidad de coordinar con rectores y profesores los alcances precisos de la norma, definiendo la aplicación de la misma incluso en los periodos de descanso. El concejal destacó que, con estas herramientas legales, "los docentes tendrán herramientas para hacer cumplir esta medida", basándose en el derecho de regular el acceso a herramientas tecnológicas a favor de la población infantil.
Plazos para la actualización de los manuales de convivencia institucional
Tras la luz verde en el cabildo, se inicia una etapa de transición administrativa. Los establecimientos educativos de Ibagué disponen de un plazo de un año para realizar las modificaciones pertinentes en sus manuales de convivencia. Este ajuste es indispensable para que la regulación sea incorporada de forma obligatoria en cada institución oficial de la ciudad, permitiendo que los docentes cuenten con el respaldo normativo necesario para asegurar la aplicación de la medida. El llamado desde el Concejo Municipal también se extendió a los padres de familia, a quienes se les solicita acompañar este proceso desde el hogar para asegurar que el cambio normativo se traduzca en una mejora real en la calidad educativa de la capital tolimense.
