El eterno debate entre legalidad y legitimidad en la Universidad Nacional
El argumento de ilegitimidad en la elección del rector de la Universidad Nacional intentó imponer un hecho político sobre las normas establecidas, generando un intenso debate académico e institucional que trasciende las paredes de la universidad.
Un acto legal cuestionado por su legitimidad
Llevo tiempo reflexionando profundamente sobre cuándo un acto legal puede considerarse ilegítimo. Esta afirmación, que muchos pronuncian con aparente tranquilidad como si fuera una trivialidad, representa en realidad una cuestión compleja y difícil de resolver en el ámbito institucional.
Comprendí mejor esta problemática observando la reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional (CSU) donde se expidió el acto que reconoció oficialmente al profesor Ismael Peña como rector, casi dos años después de su nombramiento inicial.
La arrogancia intelectual frente a la ley
Algunos participantes en el debate parecían tener una posición muy clara: "La legalidad es para la gente común que simplemente cumple las leyes, mientras que la legitimidad representa mi opinión personal, situada en un nivel superior de moralidad y virtud". Esta perspectiva sugiere que las personas de menor categoría intelectual cumplen las leyes, mientras que "nosotros las desafiamos por considerarlas ilegítimas".
Este tono arrogante dominaba los discursos, mientras que los chats y comunicaciones paralelas hervían con mensajes acalorados, la mayoría anunciando rechazo al rector, algunos incluyendo amenazas, insultos y llamados explícitos al paro universitario.
La voz de la sensatez institucional
Contrastó notablemente el análisis tranquilo y sensato de Ricardo Mosquera, representante de los exrectores, quien llamó a la unidad alrededor de lo verdaderamente importante: la universidad como institución académica por encima de cualquier consideración política o personal.
Por supuesto reconozco que existen situaciones históricas donde una ley o norma puede perder legitimidad con el tiempo, aunque fuera legítima en su momento de creación. Sin embargo, la definición de ilegitimidad no es un asunto simple ni debe tomarse a la ligera.
Los límites de la desobediencia legal
La justificación para no cumplir una ley debe ser extraordinariamente excepcional, y la carga de la prueba recae completamente en quien hace esa declaración de ilegitimidad. Un logro fundamental de la Constitución de 1991 ha sido precisamente conseguir que las situaciones excepcionales sean verdaderamente la excepción y no la norma, como venía sucediendo durante décadas anteriores.
La legalidad proporciona el marco indispensable para el orden y la estabilidad social e institucional. ¿Qué sucedería si cualquier persona pudiera infringir la ley simplemente porque en su opinión personal es ilegítima? Para sustentar legítimamente tal acto de desobediencia, la norma debería:
- Contradecir derechos fundamentales constitucionales
- Ser manifiestamente inmoral o éticamente reprobable
- Estar en contradicción directa con normas jurídicas superiores
El caso específico de la Universidad Nacional
Analicemos el caso concreto para mayor claridad. El Consejo Superior Universitario nombró al profesor Ismael Peña hace dos años, aunque no obtuvo el mayor soporte en la consulta previa. La norma, autónomamente asumida por la universidad, establece claramente que dicha consulta no es vinculante.
Esto significa que no obliga legalmente, sino que sirve para reducir el número de aspirantes y demostrar que cuentan con reconocimiento dentro de la comunidad universitaria. El nombramiento final se realiza mediante el análisis exhaustivo de:
- La hoja de vida académica del candidato
- Su visión estratégica para la universidad
- El contenido académico (no político) de su propuesta de gestión
Democracia vs mérito académico
La posición contraria al nombramiento de Peña argumentaba que la votación mayoritaria en la consulta debió ser determinante en el nombramiento final. Es decir, un argumento de pretendida democracia directa contra otro de mérito académico e idoneidad profesional.
Pero debemos preguntarnos: ¿Representa esto verdadera democracia o más bien la intromisión de mecanismos políticos ajenos a la naturaleza académica de las instituciones universitarias?
La universidad como institución de todos
La universidad es una institución relativamente pequeña, no un país completo. La comunidad universitaria está compuesta por personas interesadas, ya sea porque trabajan o estudian en ella. No existe razón válida para suponer que estas personas deben tener prioridad absoluta, como si fueran dueñas exclusivas, para nombrar rector en una institución que pertenece a todos los ciudadanos colombianos.
El concepto de mérito académico parece más apropiado para instituciones de educación superior, y es predominantemente utilizado en las universidades más prestigiosas del mundo. La diferencia fundamental, por tanto, es de concepción institucional universitaria, no de lo "meramente legal" contra lo "puramente legítimo".
El intento de imponer hechos políticos sobre normas
El argumento de ilegitimidad intentó imponer un hecho político sobre las normas establecidas y sobre evidencias empíricas de conveniencia institucional. Tres sentencias judiciales del más alto nivel recordaron estos principios fundamentales, planteando la pregunta inevitable: ¿Habrá quienes las consideren ilegítimas también?
Este debate trasciende el caso específico de la Universidad Nacional y nos obliga a reflexionar sobre los fundamentos mismos de nuestras instituciones académicas y los límites entre legalidad, legitimidad y democracia en contextos especializados.
