De 10 universidades indígenas y afro anunciadas, solo una opera y no es del Gobierno actual
Solo una de 10 universidades indígenas y afro opera y no es del Gobierno

Promesas universitarias incumplidas: solo una de diez instituciones para comunidades vulnerables opera realmente

En medio de grandes anuncios y promesas de inclusión educativa, la realidad de las universidades indígenas, afrodescendientes y campesinas prometidas por el Gobierno Nacional presenta un panorama desalentador. De las diez instituciones anunciadas con bombo y platillo, únicamente una se encuentra actualmente en funcionamiento, y ni siquiera fue creada durante la actual administración.

El anuncio oficial versus la realidad concreta

Durante una conferencia en la Universidad de Cartagena, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, destacó los supuestos avances en la creación de diez nuevas universidades dirigidas a comunidades históricamente marginadas. Según sus declaraciones, el Gobierno habría destinado más de 40.000 millones de pesos para esta iniciativa, complementados con 9.500 millones adicionales para estudios de prefactibilidad y factibilidad.

"Para construir un nuevo modelo para el campo y la vida necesitamos un sistema educativo integral que llegue a los territorios donde históricamente se han cruzado la pobreza, desigualdad y violencia", afirmó Moreno durante su intervención, enfatizando el compromiso gubernamental con la educación en zonas rurales y vulnerables.

La cruda verdad detrás de los anuncios

Sin embargo, análisis independientes y seguimiento periodístico revelan una situación muy diferente:

  • Universidad Autónoma Indígena Intercultural: Es la única que opera actualmente con oferta académica activa y matrículas registradas en el Snies. Ubicada en Popayán, Cauca, su creación fue aprobada durante el gobierno de Juan Manuel Santos y comenzó operaciones bajo la administración de Iván Duque.
  • Universidad de los Pastos y Quillasingas: Recibió personería jurídica en octubre de 2024 pero aún no ofrece programas académicos, aunque tiene registros calificados en proceso de aprobación.
  • Ocho universidades restantes: Se encuentran en estados preliminares, algunas sin estudios de factibilidad y catalogadas por analistas como "universidades de papel".

Detalle del estado de las instituciones prometidas

El panorama específico de cada universidad revela la magnitud del incumplimiento:

  1. Universidad Nacional Kinsia Yetarauai: Solo contratos para caracterización poblacional, sin avances concretos.
  2. Universidad Indígena Intercultural de la Amazonía: Convenio firmado en 2024 con OPIAC, sin informes de progreso posterior.
  3. Ala Kusrei Ya Misak Universidad: Acuerdos definidos en mayo de 2025, sin reportes adicionales.
  4. Universidad Propia Afrocolombiana, Raizal y Palenquera: Decreto 1098 de 2025 facilita su creación, pero carece de personería jurídica.
  5. Gran Universidad Raizal del Caribe: Beneficiada por el mismo decreto, pero sin inicio de estudios de factibilidad.
  6. Universidad del Macizo Colombiano: Proyecto de ley radicado en octubre de 2025, sin debates congresionales.
  7. Universidad Wayuu: Acuerdos anunciados en febrero de 2026, recién comenzando estudios de factibilidad.
  8. Universidad del Catatumbo: Infraestructura entregada funciona como "colegio universidad" pero no como institución autónoma.

Análisis de expertos y perspectivas críticas

Observatorios educativos como el Observatorio de la Universidad Colombiana y analistas como Francisco Cajiao han señalado la discrepancia entre los anuncios gubernamentales y la realidad operativa. La mayoría de estas instituciones no superan la fase de proyección, generando expectativas frustradas en comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a la educación superior.

La estrategia gubernamental, que prometía fortalecer el acceso, gratuidad y calidad educativa en zonas vulnerables, parece haberse quedado en el papel. Mientras se anuncian millonarias inversiones y avances significativos, la materialización concreta de estas universidades avanza a paso lento, cuando avanza.

Esta situación plantea serias dudas sobre la efectividad de las políticas públicas educativas dirigidas a poblaciones históricamente marginadas y la capacidad del Estado para convertir anuncios en realidades tangibles que transformen verdaderamente el acceso a la educación superior en Colombia.