El Gobierno de Argentina oficializó hoy la reforma del régimen de inversiones mineras mediante el Decreto 482/2026, que modifica el anexo del histórico Decreto 2686/93. La medida busca adaptar la normativa a las “nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas” para optimizar la competitividad del sector.
Agilización de importaciones y devolución del IVA
Uno de los cambios centrales es la simplificación del régimen de importaciones. Se sustituye el sistema de autorizaciones previas y certificados por una declaración jurada sobre el destino minero de los bienes. Esta declaración se integrará automáticamente con el Sistema Informático Malvina (SIM) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vucea).
En cuanto a la devolución acelerada del IVA en la etapa de exploración, se optimizó el procedimiento para mejorar la liquidez de las empresas. Ahora solo se requerirán facturas y comprobantes de pago, eliminando la obligación de notificar trabajos exploratorios previos.
Estabilidad fiscal y seguridad jurídica
El decreto redefine el proceso para obtener el Certificado de Estabilidad Fiscal. La fecha de inicio de la estabilidad será la de la presentación del estudio de factibilidad, y el acto de aprobación habilitará al beneficiario a reclamar ante cualquier vulneración de este derecho. Sin embargo, se exige mayor transparencia: los beneficiarios deberán mantener actualizado su estudio de factibilidad ante cambios sustantivos en la viabilidad técnica o económica del proyecto. Además, deberán presentar una declaración jurada anual con un informe económico-financiero auditado a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Ampliación de la integración regional
En un cambio clave para la logística y la cadena de valor, el Gobierno amplió el límite de integración regional a 500 kilómetros. Esta modificación permite mayor flexibilidad para conectar yacimientos con plantas de beneficio, fomentando la competitividad y extendiendo el impacto económico a un territorio más amplio.
Seguros ambientales y prestadores de servicios
La nueva norma armoniza las exigencias de la Ley 24.196 con la Ley General del Ambiente. La acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) podrá satisfacer el requisito de previsión para alteraciones ambientales, considerándolo un instrumento “más eficaz y verificable” para asegurar recursos destinados a la remediación.
Además, se incorpora un régimen específico para los prestadores de servicios mineros, que deberán acreditar un porcentaje mínimo de facturación en el sector para mantener sus beneficios, bajo riesgo de suspensión o baja del registro en caso de incumplimiento.
Con esta normativa, que entra en vigencia a partir de este miércoles 24 de junio, el Ejecutivo busca consolidar un marco “moderno, ágil y transparente” que brinde la seguridad jurídica necesaria para atraer grandes inversiones al país. Todos los inscriptos actuales deberán constituir un domicilio legal electrónico en su próxima presentación anual.
