La justicia transicional en Colombia apenas comienza a reconocer las violencias históricas contra la población LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), hasta el momento se han registrado 26.351 víctimas LGBTIQ+, con picos de violencia entre 2000 y 2014 (21.186 hechos) y entre 2020 y 2024 (15.797 eventos). Estos patrones de violencia basada en género y prejuicio fueron utilizados por grupos armados para castigar a quienes no se ajustaban a sus normas morales.
Macrocaso 11: un hito en la investigación
Ante la sistematicidad y el bajo registro de estas violencias, organizaciones sociales exigieron investigaciones particulares. En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Macrocaso 11, la primera investigación de justicia transicional en Colombia dedicada exclusivamente a violencias por razones de género cometidas por actores armados. La Comisión de la Verdad documentó que muchas víctimas fueron obligadas a ocultar su identidad, abandonar sus territorios o detener procesos de transición, además de sufrir violencia sexual, agresiones físicas, rupturas familiares y barreras económicas. El asesinato y desplazamiento debilitaron redes de apoyo y procesos organizativos. Estas violencias respondían a prácticas de “castigo ejemplarizante” y “limpieza social”.
Impunidad y desconfianza institucional
A diferencia de la desaparición forzada o el desplazamiento, las violencias directas sobre los cuerpos permanecieron en silencio durante años, favoreciendo la impunidad. Valentina Parra, coordinadora del área de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa, explicó a El Espectador: “Buena parte del efecto de la impunidad es que creó una enorme desconfianza en la institucionalidad. Muchas personas no estaban dispuestas a acercarse para recibir una respuesta negativa, ser revictimizadas o a que con sus casos no pasara nada”. Ese silencio dejó una deuda que la justicia apenas comienza a abordar.
Parra también integra Igualmente Justas, iniciativa de Colombia Diversa, Sisma Mujer y Christian Aid, que busca fortalecer el acceso a la justicia de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto. El proceso más avanzado es el Caso 2, donde se prepara la audiencia de reconocimiento. “Llevamos cerca de seis años acompañando a este grupo de víctimas desde que fueron acreditadas”, señaló Parra. El caso, iniciado en 2019, evidencia la lentitud en el abordaje de hechos complejos, que implica encuentros con la jurisdicción, construcción de iniciativas de reparación y diálogos con comparecientes para que comprendan las violencias de género y prejuicio.
Barreras persistentes en territorios
La alianza, creada en junio de 2025, ha identificado obstáculos en departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima. Las víctimas enfrentan dificultades para participar en procesos de justicia y reparación por falta de tiempo para analizar información, presentar observaciones e intervenir significativamente. Además, la búsqueda de justicia no las aleja de escenarios de violencia, pues algunas continúan enfrentando amenazas que dificultan su participación segura, según Colombia Diversa.
Incertidumbre ante el nuevo gobierno
En medio de estos avances, surge incertidumbre por el futuro de la JEP. Aunque tiene mandato constitucional hasta 2037, la elección de Abelardo de la Espriella como presidente, quien prometió “desmontarla” o “debilitarla”, genera dudas. De la Espriella ha afirmado que la JEP no ha producido “ni justicia, ni verdad, ni reparación” y que evitará el despilfarro de recursos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha cuestionado la falta de “sanciones ejemplarizantes” contra responsables de crímenes de lesa humanidad, aunque llamó a la calma y al diálogo.
Parra defendió la labor de la JEP: “Se dice que la JEP promueve la impunidad y creo que, al contrario, lo que está haciendo es tratar de analizar y procesar la mayor cantidad de casos posibles a través de un modelo de justicia transicional restaurativa. Realmente, la impunidad era la que existía antes de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Para la experta, el riesgo más inmediato es el debilitamiento mediante falta de financiación o discursos que desconozcan el valor de la JEP para las víctimas LGBTIQ+. “Aunque el proceso aún está en curso, la JEP ya ha escuchado de cerca a muchas víctimas. Para ellas tiene un valor importantísimo que una magistrada las escuche, reconozca que lo que les ocurrió es cierto, que no debió pasar y que tienen derecho a ser reparadas”, explicó.
Las organizaciones temen que los avances queden incompletos si la JEP pierde capacidad para investigar, escuchar y reparar. El reconocimiento de estas violencias en la justicia transicional aún está lejos de consolidarse.
