El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, salió al paso de las críticas que señalan un supuesto trato benévolo hacia los exintegrantes de las extintas Farc y negó que el tribunal aplique criterios más severos para los miembros de la fuerza pública. En declaraciones recientes, Ramelli aseguró que alrededor de la JEP se ha construido una narrativa que no corresponde al funcionamiento del sistema de justicia transicional.
Narrativa de desigualdad
“Parece estarse haciendo carrera una narrativa de que nosotros somos más fuertes con un lado que del otro, más fuertes con la fuerza pública y menos con la antigua guerrilla de las Farc”, afirmó Ramelli. El presidente de la JEP explicó que el modelo contempla dos rutas procesales claramente definidas: la vía restaurativa y la vía adversarial o retributiva. Enfatizó que son los propios comparecientes quienes, junto a sus equipos jurídicos, deciden voluntariamente a cuál acogerse.
Dos rutas procesales
Ramelli detalló que todos los comparecientes pueden escoger libremente entre acogerse a la vía restaurativa, basada en el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas, o enfrentar un proceso adversarial, similar a un juicio tradicional. Según el presidente de la JEP, cerca del 85% de los integrantes de la fuerza pública y casi la totalidad de los excombatientes de las Farc han optado por el modelo restaurativo.
Consecuencias de la vía adversarial
En contraste, quienes eligen la vía adversarial se someten a un juicio y, si son hallados responsables, pueden recibir condenas de hasta 20 años de prisión. Esta pena es menor a las previstas por la justicia ordinaria, que aplica penas de entre 40 y 50 años. “Cada uno de los comparecientes, tanto de la antigua guerrilla de las Farc como de la fuerza pública, libremente decide por cuál camino se va. Aquí hay dos rutas: la vía restaurativa y la vía adversarial. Cada uno escoge, libremente y con su equipo jurídico, cuál es la vía”, señaló Ramelli.
Impacto en la percepción pública
Las declaraciones de Ramelli buscan contrarrestar la percepción de que la JEP favorece a los exguerrilleros en detrimento de los miembros de la fuerza pública. La JEP, creada en el marco del acuerdo de paz con las Farc, tiene como objetivo juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano, ofreciendo penas alternativas a cambio de verdad y reparación. La controversia surge en un contexto de cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal, que ha sido criticado tanto por sectores políticos como por organizaciones de víctimas.
