La deuda pública no se paga, se administra
Hace unos años le preguntaron a un ministro de Hacienda de Brasil si podía dormir con esa deuda tan grande que tenía el país, a lo que respondió: “Yo sí duermo; quienes no duermen son los bancos”. La verdad, así no la reconozcan o sea una herejía para los tecnócratas académicos, los países nunca pagan su deuda, como tampoco tienen déficit fiscal cercano a cero. Eso no existe sino en los cuadernillos de pregrado.
Guardando las proporciones, el mejor ejemplo es Estados Unidos: tiene una deuda de US$39 billones y un PIB de US$33 billones, alrededor del 120%. Sencillo: debe más que su riqueza nacional. China y Europa también presentan altos niveles de endeudamiento. En el primer caso, la deuda equivale al 107% del PIB y, en promedio, en Europa alcanza el 85%; y no se rasgan las vestiduras. Por aquí también: Argentina 110%, Brasil 92%, México ronda 55% y Colombia, 60%.
El gobierno de Petro aumentó la deuda para financiar burocracia y subsidios
La enseñanza es clara. Los gobiernos se endeudan para buscar mayor riqueza y prosperidad y, en esos términos, pueden pagar sin problema los intereses porque la economía responde. Pero eso no se logra si la plata se gasta en lujos, bienes improductivos o en parranda. El gobierno de Gustavo Petro ha aumentado brutalmente la deuda pública para financiar burocracia, subsidios improductivos y distintas formas de corrupción. Ninguna obra pública importante ni proyecto productivo que luego cubra esos pagos.
Así, los intereses se vuelven más onerosos y difíciles de pagar con los ingresos por impuestos, que tienen un límite. La relación entre el crecimiento del PIB y el recaudo es directa, en todo el mundo, y aquí debería ser igual.
Ingresos tributarios crecieron 42%, pero gasto en burocracia subió 80%
Los ingresos por impuestos de la Nación crecieron 42% si se compara 2025 con 2022, cifra nada despreciable, y este año no van mal. Sin embargo, el financiamiento interno y externo del Gobierno subió 140% y los gastos en burocracia aumentaron 80% entre un año y otro, mientras la inversión subió menos de la mitad. Por eso el hueco abierto en las finanzas públicas es enorme en el desabrochado e irresponsable “gobierno del cambio”. Y el daño está hecho: cada día los intereses consumen más ingresos corrientes.
Hablar en este momento de una reforma tributaria que aumente los tributos es muy fácil, pero sería muy dañina en una economía que registra la tasa de crecimiento promedio más baja de lo corrido del siglo, 1,7%, frente a un histórico de 4%. Y tampoco garantiza nuevos ingresos.
Recomendaciones: renegociar deuda y recortar gasto burocrático
A Abelardo, José Manuel y M. Gómez no les queda, responsablemente, sino buscar, sin pena, refinanciar o renegociar la deuda, como lo han hecho muchos países, y obtener un crédito del FMI con el apoyo de Trump, como pasó en Argentina. Eso será a partir del 7 de agosto. De paso, deberán tener mucho cuidado con el manejo de la deuda interna de TES, en la que se ha experimentado sin mucho fundamento en Hacienda. El episodio conocido de cambiar unos riesgos por otros depende de variables sobre las que no se tiene control, como el crecimiento y los movimientos del dólar. Solo los especuladores están a salvo, y a ellos poco les importa el país.
Y recuperar credibilidad y confianza. Por encima de todo, mostrar un plan de recorte del gasto burocrático de una dimensión tolerable; por ejemplo, una rebaja de 10%, que daría entre $35 billones y $40 billones. También será clave mejorar la gestión de la Dian en el cobro de obligaciones.
La reforma del SGP: una oportunidad para la autonomía regional
PD. El necesario ajuste fiscal tiene en la reforma del sistema general de participaciones (SGP), aprobada por el Congreso, un complemento favorable de gran importancia, en el entendido de que el nuevo Gobierno debe liderar el proyecto de ley de competencias que entra al Congreso. Tanto el vicepresidente J. M. Restrepo como los ministros M. I. Gómez y R. Lara conocen muy bien el tema y comparten la idea de fortalecer la autonomía regional. El aumento de los recursos para los departamentos deberá implicar nuevas funciones en los territorios, en un marco común de eficiencia y complementariedad. Es una gran oportunidad, y el empalme regional, un oportuno instrumento.
