El grupo empresarial peruano Gloria admitió haber pagado 200.000 euros (unos 227.000 dólares) al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero para que intermediara ante autoridades de Bolivia por una indemnización pendiente a favor de una de sus empresas. La compañía defendió la contratación y rechazó que hubiera tenido fines ilícitos o de interferencia en la Justicia boliviana.
Detalles del pago y la gestión
La explicación fue incluida en una comunicación enviada el 1 de julio a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, que trascendió este viernes. En el documento, Gloria señaló que buscó la asesoría e intermediación de Rodríguez Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de sus filiales en Bolivia, recibiera una compensación pendiente desde hace 16 años por la expropiación de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
Soboce tenía el 33% de las acciones de Fancesa, según la comunicación remitida por el grupo con sede en Lima. La empresa sostiene que la gestión del exmandatario español se limitó a promover un acuerdo entre las partes para resolver el pago de esa indemnización.
Defensa de la empresa
“La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente”, explicó el conglomerado.
La compañía también negó que el objetivo de la contratación hubiera sido incidir en procesos judiciales. “En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente”, añadió.
Antecedentes de la expropiación
El caso tiene como antecedente la expropiación de la participación que Soboce mantenía en Fancesa. Según Grupo Gloria, desde hace más de una década la empresa reclama una indemnización por esas acciones, sin que hasta ahora se haya concretado el pago.
En una carta adjunta de Soboce dirigida al ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, el grupo peruano recordó que, en medio de esos reclamos, la compañía fue demandada por competencia desleal y posteriormente condenada a pagar 744 millones de bolivianos, equivalentes a unos 94 millones de euros o cerca de 107 millones de dólares.
Separación de frentes
Para la empresa, esa condena busca evitar el pago de la indemnización pendiente. En su comunicación, Soboce insistió en que las gestiones institucionales realizadas por la corporación no han tenido como finalidad alterar el curso de procesos judiciales.
“Ninguna iniciativa institucional de nuestra corporación ha tenido como finalidad, directa o indirecta, interferir, presionar o distorsionar el curso de las acciones judiciales vigentes. Se trata de cauces completamente paralelos”, señaló Soboce en su misiva.
La filial boliviana del grupo peruano agregó que durante estos años ha mantenido disposición para alcanzar una salida extrajudicial al conflicto. “En todos estos años hemos expresado nuestra disposición para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial a este conflicto, siempre actuando de buena fe y dentro de los cauces legítimos. Ninguna ha tenido efecto”, apuntó.
Investigación en España
La admisión del pago ocurre mientras Rodríguez Zapatero está imputado por la Audiencia Nacional de España en una investigación relacionada con el caso Plus Ultra, una aerolínea que recibió en 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros y que opera vuelos regulares con varias ciudades de América Latina, entre ellas Lima y Caracas.
De acuerdo con la investigación de la Policía española, al exmandatario también se le atribuye otra línea de actuación presuntamente destinada a favorecer a una empresa del Grupo Gloria ante altas esferas políticas de Bolivia, incluido el entonces presidente Luis Arce, del movimiento del exmandatario Evo Morales.
Según los investigadores, esa gestión se habría realizado a cambio de 200.000 euros pagados entre 2024 y 2025. La Policía española sostiene que detrás de estos pagos estaría el conglomerado Gloria y ve “indicios” de que se habrían simulado presuntamente “servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos”.
Postura de la empresa
La compañía peruana, sin embargo, niega que se trate de una operación irregular. En su comunicación a la SMV, defendió que la contratación tuvo un propósito legítimo: buscar una intermediación para conseguir el pago de una indemnización que considera pendiente desde hace 16 años.
El caso abre un nuevo frente de escrutinio sobre el vínculo entre empresas latinoamericanas, exmandatarios europeos y gestiones ante gobiernos de la región. También pone bajo la lupa los contratos de asesoría internacional usados para facilitar acercamientos políticos o institucionales en disputas económicas de alto valor.
Para Grupo Gloria, el centro del caso sigue siendo la deuda que atribuye al Estado boliviano por la expropiación de Fancesa. Para los investigadores españoles, en cambio, el pago a Rodríguez Zapatero forma parte de una línea que requiere revisión judicial por los presuntos servicios prestados y la forma en que habrían sido justificados.
Por ahora, la empresa mantiene que no hubo interferencia en la Justicia boliviana y que el expresidente español actuó como intermediario para promover un acuerdo. La investigación en España deberá determinar si esos pagos correspondieron a una asesoría real o si, como sospecha la Policía, fueron sustentados mediante contratos creados para justificar desembolsos.
