Falló histórico: la Corte Suprema rechaza la orden de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia histórica al rechazar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento. La decisión, en el caso Trump vs. Barbara, es considerada una de las más trascendentales de las últimas décadas, ya que reafirma los límites constitucionales de la autoridad presidencial y subraya que el poder Ejecutivo no puede redefinir unilateralmente derechos garantizados por la Constitución.
El núcleo del caso: ¿puede el presidente reinterpretar la Decimocuarta Enmienda?
La pregunta central era si el presidente podía, mediante una orden ejecutiva, reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda para excluir a los niños nacidos en EE. UU. de padres presentes en el país de manera irregular o temporal. La Corte, con una opinión mayoritaria redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, concluyó que la Decimocuarta Enmienda incorporó el principio del “ius soli” del derecho común, según el cual la ciudadanía se basa en el lugar de nacimiento, una cuestión ya resuelta en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898).
La Corte reafirmó que los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos porque están “sujetos a la jurisdicción” del país, rechazando el argumento de que el estatus migratorio o domicilio de los padres determine la ciudadanía. Los jueces disidentes, por su parte, propusieron una interpretación más restringida, sosteniendo que la ciudadanía al nacer exige algo más que la presencia física. El juez Alito añadió que la ciudadanía automática por nacimiento incentiva la inmigración irregular y el llamado “turismo de parto”.
Impacto práctico: límites al poder presidencial
Las consecuencias prácticas del caso son claras: ningún presidente puede negar la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense. Sin embargo, el fallo deja intactas las principales herramientas que los presidentes utilizan para regular la inmigración. Esto refleja una característica importante de la presidencia estadounidense contemporánea: ante un bloqueo legislativo cada vez más frecuente, los presidentes de ambos partidos recurren a las órdenes ejecutivas para impulsar objetivos centrales de política pública, sobre todo en materia migratoria.
El caso Barbara representa una rara derrota judicial dentro del proyecto de Trump para restringir la inmigración por canales dentro de la discrecionalidad ejecutiva, como deportaciones a terceros países, terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), limitaciones administrativas al asilo y tarifas prohibitivamente altas para visas de ocupaciones especializadas (H-1B) y de habilidades extraordinarias (EB-1). En demandas contra estas políticas, la Corte ha respaldado de forma consistente a la administración Trump.
Decisiones previas: la Corte respalda a Trump en otras políticas migratorias
En Mullin vs. Doe, la Corte permitió terminar el TPS para Siria y Haití, que cubría a unos 355.000 beneficiarios ya en el país. En Mullin vs. Al Otro Lado, respaldó la autoridad del gobierno para rechazar solicitantes de asilo cuando los cruces fronterizos entre EE. UU. y México sobrecargan el sistema. Y en varias decisiones de emergencia, avaló las deportaciones a terceros países y la revocación del TPS de miles de venezolanos. La decisión en Barbara es, por lo tanto, una excepción más que una reversión de la trayectoria general: bloquea una vía constitucionalmente prohibida, pero deja intactos numerosos mecanismos administrativos capaces de restringir de manera significativa la inmigración.
Señales internacionales: estabilidad constitucional y competencia por talento
En el plano internacional, el fallo envía dos señales distintas. Primera, refuerza las percepciones de estabilidad constitucional del sistema político estadounidense y transmite una señal tranquilizadora al exterior: la gobernanza sigue sujeta a reglas, no a decisiones arbitrarias. No obstante, la sentencia altera poco la orientación general de la política migratoria estadounidense: el Ejecutivo conserva una autoridad sustancial para restringir la inmigración legal mediante las medidas administrativas ya descritas, con consecuencias más allá de Estados Unidos.
Primero, el repliegue estadounidense en materia de TPS, asilo y protección de refugiados debilita el régimen occidental de protección al migrante y desplaza tanto la presión migratoria como el liderazgo normativo hacia Europa y otros lugares. Segundo, la Unión Europea y China se encuentran en una situación competitiva como destinos que atraen activamente a personas calificadas, como ilustra la Ley de Inmigración de Personas Cualificadas de Alemania. Dado que la tarifa de USD 100.000 para la visa H-1B y la donación de USD 1.000.000 exigida para las visas EB-1/EB-2 encarecen y reducen la inmigración calificada a Estados Unidos, los imperativos demográficos de la UE y China las convierten en beneficiarias de esos flujos redireccionados. El coste estratégico de erosionar deliberadamente la principal ventaja de EE. UU. como imán de talento mundial es, así, invitar tanto a aliados y competidores a captar esa oferta.
América Latina: impacto directo en la región
En tercer lugar, América Latina queda cada vez más expuesta a los cambios en la política migratoria estadounidense. La revocación del TPS priva de estatus legal y permiso de trabajo a cientos de miles de personas provenientes de economías frágiles, con efectos sobre los flujos de remesas, macroeconómicamente críticos en Haití, Venezuela y el Triángulo Norte. La migración de retorno forzada, además, presiona a Estados mal equipados para reabsorberla y traslada la carga a los países de tránsito. En sentido contrario, Barbara protege a los niños nacidos en Estados Unidos de familias latinas con estatus migratorio mixto del riesgo de convertirse en una subclase cercana a la apatridia.
El futuro del debate migratorio
En última instancia, la Corte Suprema resolvió una cuestión constitucional de fondo —el presidente no puede reescribir la Constitución por decreto— sin cerrar el debate político más amplio sobre la inmigración. Consecuentemente, las controversias futuras se centrarán menos en la ciudadanía por nacimiento y más en el asilo, la autoridad de deportación, la discrecionalidad ejecutiva y los intentos del Congreso por reformar la Ley Migratoria. Incluso tras Barbara, estos asuntos siguen siendo políticamente disputados y jurídicamente inciertos.
Analistas de Kantor Consulting con sede en Berlín y Bogotá.
