La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció esta semana la apertura de una investigación formal contra Alemania, en medio de tensiones comerciales por la reforma sanitaria que planea el gobierno del canciller Friedrich Merz. La medida busca aliviar un agujero fiscal de 16.000 millones de euros en la seguridad social alemana, mediante descuentos obligatorios en medicamentos de última generación, lo que Washington califica como un “subpago persistente” que lesiona los intereses de las multinacionales estadounidenses.
El plan alemán para reducir el gasto en fármacos
El gobierno de coalición de Merz aprobó un proyecto de reforma de salud pública para tapar el enorme déficit en el sistema de seguridad social. El ahorro previsto supera los 16.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 millones provendrían exclusivamente de recortar el gasto estatal en medicamentos de última generación para 2027. Alemania, donde casi toda la población está cubierta por el sistema público de salud, buscaba reducir el precio de los fármacos innovadores para que el Estado gaste menos.
A diferencia de Estados Unidos, donde los precios los fija el libre mercado, en Europa los sistemas de salud están fuertemente regulados. Alemania ha sido históricamente la puerta de entrada de las multinacionales al continente, gracias a su rápido proceso de reembolso que permite que los medicamentos nuevos salgan a la venta casi de inmediato. El plan alemán consistía en exigir a los laboratorios descuentos obligatorios variables sobre el precio de lista de sus productos innovadores, es decir, si una farmacéutica quería vender un tratamiento revolucionario en Alemania, debía vendérselo a las aseguradoras públicas a un costo mucho menor.
La respuesta de Washington y las farmacéuticas
La administración Trump argumenta que los precios bajos impuestos por ley en Europa obligan a las farmacéuticas a cobrar tarifas desorbitadas a los pacientes estadounidenses para recuperar su inversión en investigación y desarrollo. “El presidente Trump ha dejado claro que los pacientes estadounidenses no deberían asumir una participación desproporcionada en la investigación y el desarrollo farmacéutico global”, sentenció Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU. “Es un grave paso atrás en un momento en que nuestros socios comerciales necesitan dar un paso adelante y empezar a pagar su parte justa”, agregó.
Esta postura ha sido aplaudida por grandes farmacéuticas como Eli Lilly y Bayer. Stefan Oelrich, director de la división farmacéutica de Bayer, afirmó al Financial Times que “Estados Unidos financia la innovación mundial, pero eso no nos da una licencia para continuar así para siempre”, equiparándolo a la dependencia europea del gasto de defensa estadounidense. Stephen Ubl, presidente ejecutivo de PhRMA (el principal gremio de laboratorios de EE. UU.), agregó que “durante demasiado tiempo, los gobiernos extranjeros han devaluado las medicinas innovadoras, obligando a los pacientes y contribuyentes estadounidenses a asumir una parte desproporcionada de los costos de la innovación global”.
Como represalia inmediata al proyecto de ley alemán, Eli Lilly anunció que reducirá a la mitad su planeada inversión de 2.300 millones de euros en su planta de Alzey, recortando también el empleo proyectado.
¿Es válido el argumento estadounidense?
Sin embargo, análisis de la Corporación RAND y diversos economistas indican que el costo desorbitado en EE. UU. no se debe a las políticas sociales europeas, sino a la falta de un control de precios estatal en el mercado estadounidense, lo que permite a las farmacéuticas fijar tarifas a su antojo. En promedio, los precios de los medicamentos recetados en EE. UU. son 2,78 veces más altos que en el resto de los países desarrollados, según datos de RAND. En lugar de una transferencia real de costos, los laboratorios aprovechan las lagunas regulatorias de Washington para maximizar sus márgenes de ganancia.
El caso recuerda al precedente de Sudáfrica en la década de 1990, cuando el gobierno de Nelson Mandela aprobó una ley para importar medicamentos genéricos más baratos contra el VIH, desafiando las patentes de las multinacionales en plena crisis humanitaria. La administración de Bill Clinton, presionada por el lobby farmacéutico, usó la amenaza de sanciones comerciales de la Sección 301 para frenar la ley sudafricana, pero la presión social internacional obligó a Washington a retroceder.
La investigación y posibles consecuencias
La administración Trump ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la misma herramienta legal empleada en sus disputas con China, para determinar si las políticas de precios de Alemania son “irrazonables o discriminatorias”. De confirmarse, Washington podría suspender los beneficios arancelarios pactados y aplicar gravámenes punitivos a las exportaciones alemanas, desatando una nueva tormenta económica en Europa.
El canciller Merz ha defendido la soberanía alemana: “En lo que respecta al reembolso de medicamentos modernos e innovadores por parte de nuestras aseguradoras de salud, esa es una decisión que entra dentro de nuestra jurisdicción nacional”. No obstante, el Ministerio de Salud de Alemania ya ha empezado a dar muestras de debilidad. Informes de Reuters apuntan a que Berlín está reconfigurando su plan, abandonando la idea de los descuentos variables obligatorios para pasar a una estructura de precios fijos menos agresiva, intentando frenar la fuga de inversiones y la ira de Washington.
La oficina de comercio de EE. UU. abrirá el período de recepción de comentarios públicos el 25 de junio y fijó una audiencia clave para septiembre. Si Alemania no cede y eleva los precios de los fármacos para esa fecha, las sanciones aduaneras contra sus productos industriales podrían implementarse antes de que termine el año.
