Este viernes entra en vigor en la Unión Europea (UE) el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un paquete normativo polémico por su enfoque en la seguridad y la externalización de fronteras, que transformará aspectos clave del control migratorio y la protección internacional en España. Acordado en diciembre de 2023 bajo la presidencia española del Consejo de la UE, estas son las principales novedades:
Triaje exhaustivo para llegadas
El pacto introduce un proceso de triaje común en toda la UE para nacionales de terceros países que llegan sin permiso. Incluye reconocimiento médico, examen de vulnerabilidades para detectar víctimas de trata, identificación, registro de datos biométricos, formulario y derivación al procedimiento de asilo o retorno. Durante el proceso, el migrante no recibe autorización de entrada y debe permanecer a disposición de las autoridades. El triaje puede durar hasta 7 días, pero en España se mantiene el plazo actual de 72 horas.
Recogida masiva de datos, incluidos niños
Uno de los puntos más criticados es la ampliación de la recogida de datos biométricos: además de huellas dactilares, se tomará una fotografía del rostro y se digitalizará la documentación. Además, se reduce la edad mínima para el registro de 14 a 6 años. El objetivo es compartir esta información entre todos los Estados miembros a través de una nueva base de datos, aplicable a todas las personas llegadas de forma irregular a Europa.
12 semanas para resolver asilo en frontera
Se establecen tres procedimientos de asilo: el de frontera, resuelto en 12 semanas incluyendo revisión judicial; el acelerado, en tres meses; y el estándar, en seis meses. En el procedimiento de frontera, el solicitante no recibe autorización de entrada mientras se resuelve y debe permanecer en instalaciones habilitadas, aunque no privado de libertad.
Procedimiento acelerado de 3 meses
El procedimiento acelerado se aplica a personas de países con tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en la UE, o de Estados considerados "seguros", como Colombia o Marruecos. Para el procedimiento general, se acortan plazos: desde la manifestación de deseo de protección, la petición debe registrarse en 5 días y formalizarse en 21, cuando antes no había plazos concretos. Con la entrada en vigor, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas a ciudadanos de Venezuela.
Red de acogida y solidaridad obligatoria
El Gobierno español mantendrá la capacidad de la red estatal de acogida, con unos 10.000 plazas disponibles para el procedimiento fronterizo. El pacto incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria que beneficia a países con mayor presión migratoria (España, Italia, Grecia y Chipre), obligando a todos los Estados miembros a colaborar mediante reubicaciones, apoyo operativo o contribución financiera de 20.000 euros por persona. Para el primer ciclo de seis meses, España priorizará la contribución financiera para costear formación de jueces. Todos los países deben contribuir según su PIB y población; España propuso aportar 42 millones de euros este año, con posibilidad de reducción o exención.
Rechazo a centros de retorno en terceros países
España rechaza la creación de centros de deportación fuera de la UE, por dudas sobre su legalidad y proporcionalidad.
Posiciones de otros países
Alemania: el canciller Friedrich Merz calificó el pacto como "el paso más importante" para solucionar la entrada irregular. Francia: tramita un proyecto de ley para la transposición, con parte del pacto sin adaptar. Portugal: adaptación parcialmente avanzada, con discrepancias parlamentarias. Polonia: se opone al mecanismo de solidaridad obligatorio; el primer ministro Donald Tusk afirmó que no aceptarán reubicaciones ni pagarán, justificándose por la "guerra híbrida" en su frontera con Bielorrusia y la acogida de refugiados ucranianos. Italia: celebra el pacto, que legitima su estrategia migratoria, incluyendo bloqueos navales y centros de detención en Albania. Austria: defiende una aplicación estricta, con énfasis en frenar movimientos secundarios y apoyo a centros de deportación fuera de la UE.
Carencias en fronteras este y sur
Bulgaria: avanzada en adaptación técnica, pero con carencias en acogida y recursos humanos. Hungría: nivel de cumplimiento muy limitado, sin plan nacional ni centros de acogida, y con multas diarias del Tribunal de Justicia de la UE. Grecia: importantes carencias en instalaciones y personal para los nuevos procedimientos fronterizos.
