España cerró este martes el plazo de su proceso extraordinario de regularización de migrantes con una cifra que desbordó todos los cálculos: entre 1,2 y 1,3 millones de solicitudes, según RTVE. El Gobierno había estimado inicialmente unas 500.000 solicitudes.
Un proceso histórico impulsado por la ciudadanía
El pasado abril, España aprobó un proceso de regularización migratoria mediante el Real Decreto 316/2026, el cual permitió a los extranjeros en situación irregular poner en orden su estatus migratorio, siempre que acreditaran al menos cinco meses de residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y no tuvieran antecedentes penales. El trámite podía hacerse en línea o presencialmente, y respondía a una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones.
Según los registros, los colombianos encabezaron la lista de solicitudes con el 26,9 %, seguidos por los marroquíes con el 13,7 %. Venezolanos, peruanos y hondureños completan el grupo de nacionalidades con mayor presencia. Casi la mitad corresponde a mujeres, principalmente de Colombia, Perú y Venezuela.
El respaldo del Gobierno y el plan de integración
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el proceso de “histórico” y defendió que “hace de España un país mejor”. “Un país que reconoce derechos, y también deberes, al conjunto de su sociedad es, sin duda alguna, un país mejor”, dijo Sánchez, quien agregó que la migración se hace “necesaria” frente al envejecimiento poblacional y la despoblación de varias regiones.
Junto al cierre del plazo, Sánchez anunció también un Plan de Integración y Ciudadanía con un presupuesto inicial de 500 millones de euros para su primer año. “Queremos que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos”, indicó Sánchez en su discurso, añadiendo que es un gran paso para la economía española, aunque también reconoció los “desafíos” que vienen en camino.
La inmigración como necesidad demográfica y laboral
“La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el Estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios”, consideró el presidente del Gobierno, quien también hizo referencia al envejecimiento de la población. En España, una de las principales puertas de entrada de la inmigración en Europa, cerca de 37.000 inmigrantes irregulares entraron en 2025, una cifra que supone un fuerte descenso con respecto a 2024 (-42,6 %), según el Ministerio del Interior.
Dudas legales sobre la regularización
Con el registro de solicitudes concluido, ahora viene la parte más espinosa del proceso. Por un lado, el Tribunal Supremo de España abrió la puerta a revisar la legalidad de la regularización, al considerar que podría entrar en conflicto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, al ser una medida de alcance masivo que se aprobó sin una coordinación previa con el resto de Estados miembros de la Unión Europea.
El alto tribunal evalúa consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso suspender el decreto, a raíz de recursos presentados por Valencia y Aragón. El Gobierno, por su parte, sostiene que el decreto “es plenamente compatible con el derecho comunitario” y que los permisos solo aplican dentro de España, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Posibles escenarios y próximos pasos
Si el Supremo decide no suspender el decreto, las solicitudes seguirán su curso normal. Si opta por una suspensión parcial, el golpe real llegaría si ordena frenar la tramitación de los expedientes pendientes o los efectos provisionales que ya están en marcha. El Gobierno, mientras tanto, ya prepara sus alegaciones para evitar justamente ese escenario. Por ahora, la suspensión del decreto no es automática y el proceso sigue vigente mientras los tres magistrados del caso deciden los próximos pasos.
En cuanto a los solicitantes, las autoridades tienen tres meses para examinar cada caso y resolver si conceden el permiso de residencia y trabajo. Luego de esto vendrá el gran reto, según el Sindicato Unificado de Policía, con la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) y la toma de huellas para concluir el proceso de la solicitud. Para esto, el sindicato anticipó que las tareas exigirán refuerzo de personal.
