Venezuela se mantuvo como la primera nacionalidad solicitante de protección internacional en España, con el 59 % de las peticiones. Así lo expone el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), referido a los datos de 2025, que se presentó este lunes 15 de junio en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, el próximo 20 de junio.
Datos generales de solicitudes de asilo
España recibió 144.396 peticiones de asilo, lo que significa una reducción del 13,7 % que rompe la tendencia de crecimiento de los últimos años. Entre todos los países de la Unión Europea (UE), es el tercero que más peticiones de asilo recibe, por detrás de Alemania y Francia. A su vez, es uno de los que menos protección internacional concede: solo a una de cada nueve personas que lo piden.
Caída de peticiones de Colombia, Perú y Senegal
Las peticiones de Colombia, Perú o Senegal cayeron “estrepitosamente”. Por ejemplo, las peticiones de Colombia bajaron un 64 %. CEAR achaca la reducción de peticiones a la externalización de fronteras para reducir las llegadas irregulares y al efecto disuasorio del nuevo reglamento de extranjería.
Impacto de la reforma de extranjería
La reforma de esta normativa, en vigor desde mayo de 2025, establece que el tiempo que pasa un migrante en España mientras espera una respuesta a su petición de asilo, no computará a efectos del tiempo residido en el país para regularizar su situación a largo plazo, a través de la figura del arraigo. Este cambio, recurrido ante el Tribunal Supremo por entidades como CEAR, provocó “desistimientos, archivos masivos e irregularidad sobrevenida”, según el informe, que destaca que a lo largo de 2025 se archivaron 16.991 solicitudes, un 179,8 % más que el año anterior.
Llegadas irregulares y menores no acompañados
El informe de CEAR también recoge el descenso del 46 % en el número de llegadas irregulares a las costas y subraya que en el 15 % de los casos que llegan se trata de niños y adolescentes no acompañados.
Barreras para la inclusión de refugiados
Por otro lado, el documento refleja las barreras para la inclusión que encuentran los refugiados en España, como en el acceso al Ingreso Mínimo Vital y, sobre todo, a la vivienda, con prácticas discriminatorias y mayor precarización.
