En noviembre del año pasado, Canacol Energy, la segunda mayor proveedora de gas natural en Colombia después de Ecopetrol, se declaró en insolvencia ante la Corte del Rey de Alberta, Canadá, donde está domiciliada. En el marco de su reorganización financiera, solicitó autorización para rechazar, rescindir o terminar total o parcialmente acuerdos o contratos, 19 de los cuales fueron suscritos en Colombia, incluyendo contratos de suministro y transporte. El 24 de junio, dicha Corte avaló su solicitud, lo que ha generado preocupación e incertidumbre en Colombia por las consecuencias que se derivarían de hacerse efectiva dicha providencia.
Salvaguardas insuficientes y usuarios no regulados afectados
Canacol, a través de un boletín oficial, informó que “la Corte reconoció las características particulares del mercado colombiano de gas natural y estableció salvaguardas para proteger los usuarios regulados, como hogares y pequeñas empresas”, pero dejó desprotegidos a los usuarios no regulados. Además, afirmó que “continuará suministrando gas cuando exista disponibilidad y sea posible hacerlo bajo nuevos acuerdos comerciales viables”, lo cual es inadmisible según la legislación colombiana y el régimen regulatorio, tratándose de contratos de suministro en firme no interrumpible.
Impacto en empresas y seguridad energética
El incumplimiento de los contratos firmados en Colombia por parte de Canacol conllevaría serios traumatismos para las empresas afectadas, que no podrían contar con otra fuente de suministro alternativa, ni siquiera con importación, ya que la única regasificadora (Spec) opera al límite de su capacidad. Además, con el fenómeno de El Niño, el parque térmico de generación debe emplearse a fondo para respaldar el sistema, requiriendo mayores volúmenes de gas natural como combustible. La consecuencia sería la alteración y contravención del marco regulatorio colombiano, que garantiza la asignación eficiente de un recurso esencial cada vez más escaso, y afectaría la confianza inversionista y la seguridad jurídica.
Cerromatoso: el caso más crítico
Cerromatoso depende del suministro de Canacol para el 82% del gas que requiere para operar dos hornos de manera continua (24/7). Cualquier interrupción pone en riesgo la seguridad e integridad de sus equipos, causando daños estructurales costosos y una parálisis operativa que pondría en riesgo más de 2.000 empleos, las divisas por exportación de ferroníquel, la balanza comercial y los ingresos fiscales. Canacol ya había incumplido sus compromisos, reduciendo los volúmenes entregados de 16 Mmpcd a 10 Mmpcd y luego a 7 Mmpcd (55% del total contratado), lo que obligó a Cerromatoso a reducir su operación un 25% desde el 1 de julio. Según Fenalcarbón, la demanda de carbón se reduciría 50%, dejando de consumir 90.000 toneladas anuales producidas en Córdoba.
Estrés en el mercado de gas y retroceso en la transición energética
La incertidumbre generada por la pretensión de Canacol ha exacerbado el estrés del mercado de gas en Colombia. Los grandes consumidores industriales han reducido su consumo un 26% en lo corrido del año, optando por combustibles líquidos, GLP o carbón, lo que representa un retroceso en la transición energética, que tiene en el gas natural el energético de transición.
La Superintendencia de Sociedades tiene la última palabra
La decisión de la Corte de Alberta no produce efectos inmediatos en Colombia, pues está mediada por la intervención de la Superintendencia de Sociedades, facultada por la Ley 1116 de 2006, que establece la “excepción de orden público”. La Superintendencia de Sociedades tiene la última palabra en defensa de la institucionalidad, la credibilidad de los contratos, los usuarios y la seguridad energética del país, y no deben ser ajenas la Superintendencia de Servicios Públicos ni el Ministerio de Minas y Energía.
